Es fácilmente comprobable la problemática judicial en relación a la protección de los derechos intelectuales, desde uno de los Poderes del Estado que posee la obligación constitucional de dirimir las controversias y que es el Poder Judicial, ya sea por la ausencia de una política institucional en ese sentido, aun cuando existe numerosos trabajos de la novel Dirección de Propiedad Intelectual, que debe buscar garantizar el debido proceso en los juicios derivados de las controversias en estos derechos, y que no es más que garantizar en el proceso el cumplimiento irrestricto para las partes de las garantías de raigambre constitucional, buscando otorgar la seguridad jurídica tan reclamada por la colectividad nacional y por los mismos ciudadanos del país.