menor embarazada

SAN PEDRO (Omar Acosta, corresponsal). Una adolescente de 16 años tuvo a su bebé en el puesto de salud de Tacuatí, en medio de las carencias del sitio y por lo que se requirió de toda la pericia de los médicos.

El movimiento cívico global Avaaz, en conjunto con otras organizaciones de la sociedad civil paraguaya, presentó ayer al Congreso, al inicio de la audiencia pública, el pedido de más de 400.000 personas procedentes de todo el mundo, solicitando que el Gobierno proteja la integridad de la niña embarazada, quien ha declarado ser víctima de violación por parte de su padrastro. Pidió a los legisladores del Paraguay que no se le niegue la interrupción del embarazo a las menores de 15 años y a las víctimas de violación.

SALAMANCA. Como el hecho se conoció en Naciones Unidas y en organizaciones no gubernamentales de otros países, nosotros también convertimos la noticia en el centro de nuestra atención, y el caso de la niña de diez años, embarazada a causa de una violación por parte de su padrastro, lo hemos instalado en el centro del debate. Me corrijo ya de entrada: el foco de atención se ha centrado no en la tragedia que vive esta niña, sino en los principios morales que la gente ha tomado como suyos y busca defender.

Con acertadas palabras, la senadora Esperanza Martínez dijo días atrás que, para los médicos que la atienden, la niña de 10 años, violada y embarazada en consecuencia, es “un útero, un canal de parto”. El debate médico se centra pues en hasta cuándo su cuerpecito podrá resistir el precoz embarazo. No así sobre las graves consecuencias psicológicas de tal evento traumático. Esa misma opinión tristemente se traslada a amplios sectores de la sociedad, donde mientras se lamentan por la vulneración total de los derechos de esta niña, le niegan el derecho a proseguir su infancia pese a todo, forzándola a convertirse en madre y llevar el embarazo hasta el final.

La abogada Gladys López Prado, quien asumió la defensa de la madre de la niña de 10 años embarazada, solicitó la integración de una junta médica para evaluar la continuidad de la gestación. La petición fue realizada al juez penal de garantías Miguel Tadeo Fernández, quien la procesó por violación del deber de cuidado y abuso sexual en niños, en carácter de cómplice.