Los excandidatos de las pasadas Elecciones Paraguay 2023 presentaron sus rendiciones de gastos de campaña, en el marco de la exigencia de la Ley de Financiamiento Político. Los montos declarados dejan dudas y la desconfianza flota sobre algunas autoridades electas aún antes de asumir.
La organización no gubernamental Semillas para la Democracia denunció ayer que la Ley N° 4743/12, de Financiamiento Político, adolece de debilidades fundamentales mientras que el TSJE no la aplica debidamente y la Seprelad no se involucra en la fiscalización. Urge que el control del financiamiento alcance también las campañas internas –no solo en las generales– porque en esa instancia se mueve más el “dinero sucio”.
La Justicia Electoral será generosa con el dinero público a la hora de repartir G. 20.000 millones en subsidio electoral que serán destinados a las 57 agrupaciones políticas, que participaron en las elecciones municipales. Bestard reconoció que esta vez no serán rigurosos en aplicar la ley.
La Ley de Financiamiento 4743/12 también establece sanciones para aquellos sectores políticos que violen el límite máximo de gastos electorales. Fija sanciones para elecciones nacionales, en este caso, no se descarta aplicar para las municipales pasadas.
Junto con el PLRA, el Frente Guasu también analiza accionar judicialmente contra la Ley Nº 4743 de Financiamiento Político, la cual transparenta el uso del dinero público asignado a los partidos, pero también recorta el subsidio y el aporte estatal que reciben.