El Ministerio de Hacienda estudia la posibilidad de presentar una acción judicial ante la Corte Suprema de Justicia, para revertir el fallo de la misma máxima instancia que declaró inconstitucional la aplicación del IVA a las cooperativas y la devolución del 100% del crédito IVA a las empresas agroexportadoras.
La aplicación de la medida judicial que anula el pago del IVA en el sector cooperativo, que por ahora tiene una aplicación parcial, significará una resta de US$ 50 millones para el ya desfinanciado presupuesto del 2018, lo que obligará a ajustar aún más los cinturones, advirtió ayer la ministra de Hacienda, Lea Giménez, tras una reunión en la Cámara de Anunciantes del Paraguay (CAP).
Las 76 cooperativas comunicarán esta semana a la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) del Ministerio de Hacienda, que en cumplimiento de la declaración de inconstitucionalidad realizada por la Corte Suprema de Justicia se estarán acogiendo nuevamente al régimen de la exención del IVA, según la recomendación efectuada por la Conpacoop. Para el resto sigue vigente.
Las cooperativas anuncian un contraataque legislativo para anular definitivamente el IVA que les afecta. Esto tras la acción de inconstitucionalidad que les salió favorable en la Corte Suprema.
Con la decisión de la Corte de dejar sin efecto el cobro de IVA por parte de las cooperativas se restarán alrededor de US$ 30 millones al año en ingresos fiscales pretendidos por el fisco en este segmento, lo que acrecienta el riesgo de cumplimiento del déficit fiscal establecido en la ley. Hacienda deberá hacer un mayor esfuerzo para cubrir esta resta en los ingresos fiscales o recortar algunos rubros. No obstante, la medida por el momento beneficia solo a 76 cooperativas que desde este mes dejarán de cobrar IVA a sus socios, pero hay otras acciones en curso, además de un proyecto de derogación total del artículo 113 de la Ley 5501/15.
La Corte Suprema de Justicia hizo lugar al pedido de una acción de inconstitucionalidad que presentaron 76 cooperativas de ahorro y crédito contra la aplicación del IVA del 10% sobre las operaciones que realizan con sus socios. Los efectos quedan suspendidos a este grupo de entidades, y se espera que otros varios pedidos con el mismo tenor tengan el mismo tratamiento.