Imágenes de supuestas planillas de pagos del Instituto Paraguayo del Indígena (Indi) a varios líderes nativos de diferentes departamentos del país se viralizaron en las redes sociales y en los grupos de WhatsApp. Algunos dirigentes consultados reconocieron haber percibido en concepto de combustibles y viáticos para gestiones.
La situación de varias comunidades indígenas no es halagüeña en algunos puntos del país. Pero un grupo de ellos se ha instalado en plena avenida Artigas de Asunción, sobreviviendo en condiciones inhumanas, en medio de la promiscuidad y la suciedad, lo que ya traspasa todos los límites. No son gente que se queda en el lugar por una o dos semanas esperando que se le resuelva algún reclamo puntual, sino que se ha afincado allí desde hace mucho tiempo, y prácticamente se ha apropiado de una parte de la acera del cuartel de la Intendencia del Ejército. Utilizan ese lugar porque en frente están las oficinas del Indi, una de las tantas instituciones que no justifican su existencia.
Varias comunidades indígenas, con muchos niños y personas de la tercera edad, subsisten en precarias condiciones sobre la avenida Artigas, frente a la sede del Indi en Asunción. Son de Caaguazú, San Pedro y Canindeyú, desde donde llegaron para exigir tierra, agua potable, energía eléctrica y caminos. Urgen asistencia de la SEN con alimentos y frazadas. Ni el Indi ni ninguna otra institución pública responde a sus reclamos.
Nativos de la comunidad Isla Hû de Paso Yobái, del departamento del Guairá, se plegaron a la manifestación de los camioneros en el cruce Villarrica-Paraguarí. Lo hicieron durante el cierre intermitente de la Ruta PY08. Apoyan la protesta en contra del aumento del precio del combustible y exigen asistencia por parte del Gobierno.
El Tribunal de Apelación, 4ª sala, confirmó la condena de 10 años de cárcel para el expresidente del Instituto Nacional del Indígena (INDI) Rubén Darío Quesnel y otros exfuncionarios del ente. Es por el desvío de más de G. 3 mil millones en el año 2013.