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Los camaristas Arnulfo Arias, Emiliano Rolón y Carlos Ortiz Barrios ratificaron la sentencia dictada el 28 de agosto del año pasado por el Tribunal de Sentencia presidido por Víctor Alfieri e integrado por María Luz Martínez y Daniel Ferro.
Tras cinco años de un incidentado proceso a causa de las numerosas chicanas planteadas por la defensa, el extitular del INDI fue sentenciado a 10 años de reclusión, prohibición de ejercer cargos públicos durante cuatro años (a computarse una vez compurgada la pena de prisión) y 50 días-multa por dilatar el proceso, lo cual derivó en la declaración de mala fe del mismo.
En el mismo juicio también han sido condenados la exdirectora de Administración y Finanzas del Indi, Marlene Mendoza, fue condenada a 6 años de cárcel; el funcionario Ever Otazo a 3 años y 6 meses de prisión y el expresidente de la ONG Reforeast Par, Oscar Viera, a 2 años y 6 meses.
Este caso tiene su origen en el desvío de G. 3.127 millones que tenían que ser destinados a la compra de tierras para las comunidades indígenas Yakye Axa y Sawhoyamaxa, ocurrido en 2013. La acusación presentada por el fiscal René Fernández revela que los G. 3.127.191.812 fueron retirados en forma ilegal de dos cuentas del Banco Nacional de Fomento. El retiro del dinero se realizó en cinco ocasiones en un lapso de menos de un mes –entre el 11 de enero y el 6 de febrero del 2013– y jamás se pudo recuperar ni un solo guaraní.
La millonaria suma ahora desaparecida debió ser destinada a dichas comunidades en cumplimiento de dos sentencias dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los años 2005 y 2006. Ambos documentos internacionales dan por probada la violación de los derechos de los nativos, previa discusión en juicios iniciados en los años 2000 y 2001.
Rubén Darío Quesnel cumple en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú otra condena de 6 años y 6 meses de cárcel por venta ilegal de tierras indígenas.
Él es el segundo expresidente del Indi en ser enviado a la cárcel por hechos de corrupción durante la administración del referido ente estatal, en desmedro de la comunidad indígena. En el 2000, uno de sus antecesores –Valentín Gamarra– fue condenado a 9 años y 2 meses de cárcel por defraudación, peculado y estafa al Estado.