La Cámara de Diputados trataría hoy un proyecto de ley del diputado Derlis Rodríguez (ANR, cartista) que favorece la impunidad, sobre todo la de los mafiosos y la de los ladrones de fondos públicos, en la medida en que su versión original reduce de cuatro a tres años la duración máxima de un proceso penal de acción pública y fija un tiempo de treinta días, a lo sumo, para que la Fiscalía impute o desestime una denuncia, mientras la norma vigente no establece plazo alguno. Es llamativo que iniciativas como esta aparezcan en el Paraguay, país que con frecuencia figura en los peores lugares en las encuestas internacionales sobre corrupción, cuando lo que se necesita son más bien medidas firmes que favorezcan la investigación y la condena de los delincuentes.