La sociedad paraguaya está secuestrada por un sistema de corrupción que funciona a la perfección para los grupos criminales empotrados en todos los poderes del Estado. La tragedia ocurrida en San Bernardino puso al descubierto el desconcierto de todo el Gobierno y su incapacidad para enfrentar la situación. El Estado paraguayo fue copado hace años por las asociaciones criminales como el narcotráfico. El denominador común de la situación que vivimos en todos los ámbitos es la impunidad. El Gobierno es cómplice de estos grupos criminales de manera activa o por omisión, consintiendo la indefensión en la que se encuentra la sociedad honesta.
Paraguay ya expulsó del país a unos 120 extranjeros con procesos judiciales, más de la mitad de ellos vinculados a grupos criminales, informó ayer el ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor, tras la reunión del Consejo Nacional de Seguridad en Palacio de López.
“La barra brava es un tumor que termina matando al fútbol. Por eso hay que extirparlo de la misma manera en que se extirpa un tumor”. Son conceptos inapelables en esta entrevista de Guillermo Madero, jefe de Seguridad del Gobierno argentino. El experto asistió esta semana en Asunción a un histórico encuentro de jefes de seguridad de Sudamérica con autoridades del fútbol en la Conmebol, donde diseñaron un plan para acabar con la violencia que se produce alrededor de este deporte pasión del continente.
Arnaldo Giuzzio, ministro de la Senad, tras ser consultado sobre el pedido de intervención en el norte sobre el supuesto avance del Comando Vermelho, respondió que tienen previsto ejecutar un operativo en la zona para desalentar organizaciones criminales.
El diputado Édgar Acosta (PLRA, efrainista) considera preocupante la posibilidad de que los elementos bélicos que ingresan a nuestro país sean proveídos a grupos criminales. Afirma que la Dirección de Aduanas debe contar con los informes de las empresas importadoras de armas.
Nuevamente se reportan ataques contra estancias en el Chaco, muy similares a los que se registran en propiedades rurales en los departamentos del norte. Sus propietarios temen que los grupos criminales extiendan sus influencias.