Con los gobiernos de Nicanor Duarte Frutos, Fernando Lugo, Federico Franco, Horacio Cartes y Mario Abdo Benítez el gasto de la administración central pasó de 10 billones a 60 billones de guaraníes, lo que, ya descontada la inflación de 178% de todo el período, significa una duplicación en términos reales, vale decir, como si hoy tuviéramos no uno, sino dos Estados paraguayos en comparación con el de hace tan solo veinte años. La pregunta es ¿ello ha significado una mejoría equivalente en la contraprestación de servicios a la ciudadanía? La sensación es que todo sigue igual y, en muchos sentidos, peor. La razón es que no solo se han mantenido, sino que se han profundizado la repartija y el despilfarro del dinero de los contribuyentes.
Para el exministro Manuel Ferreira, cualquier intención de plantear una reforma tributaria o suba de impuestos no prosperará, por las condiciones actuales de disconformidad ciudadana y por la falta de consenso político. Dijo que la prioridad debe centrarse en la contención del gasto.
La premisa de que “los recursos del Estado son escasos y las necesidades ilimitadas” ha sido la constante en los últimos años en las finanzas públicas. Para 2019, el nuevo gobierno debe enfrentar esta situación plasmada en el Presupuesto General de la Nación (PGN), proyecto que lo diseñó parcialmente y que debe acompañar durante su tratamiento, principalmente en el Congreso, para luego esperar rechazo o promulgación por parte del Poder Ejecutivo (PE). Lo que se termine decidiendo en los próximos meses en la Ley más importante de Paraguay, definirá el modelo de intervención y administración de las cuentas públicas para 2019.
Los salarios públicos históricamente han sido los de mayor peso dentro del PGN, más aún si el análisis se centra en lo que vienen absorbiendo desde hace años de los ingresos tributarios: entre 70% y más del 80%. El reciente pedido de ajuste salarial y reposición de otros beneficios por parte de distintos gremios que aglutinan a funcionarios de la administración central y descentralizada pone de nuevo en el centro del debate interrogantes como: ¿Es justo? ¿Factible? ¿El Estado aguantaría otro aumento salarial? ¿Qué impacto tendría en las finanzas públicas? ¿Y el respeto a las normas vigentes que buscan la contención?
En la última semana de enero el Ejecutivo nombró a unos 272 funcionarios en diversas instituciones, en medio del debate sobre la necesidad de reformar el Estado, de mejorar la calidad del gasto, de un eventual aumento de impuestos y el destino que se dará a los recursos. También se dieron subas salariales.
El presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios de Paraguay (CNCSP), Beltrán Macchi, considera que en el Presupuesto General de la Nación se necesita que todas las instituciones públicas hagan una especie de “moratoria con el crecimiento del gasto”.