chantajes

Nadie ignora que los “empresarios” del transporte tienen la pésima costumbre de apelar al chantaje de las “reguladas” para imponer sus abusivas pretensiones, pese a que la ley diga que si amenazan o extorsionan al Estado, por cualquier medio, cometen un “hecho punible de coacción y perturbación de servicios públicos”. Hasta hoy, el Ministerio Público no ha cumplido con su deber de intervenir de oficio ante ese delito de acción penal pública, mientras desde el MOPC se alega que dicha normativa es inaplicable porque no está aún reglamentada. Y bien, las leyes no necesitan un reglamento para que estén en vigencia, pues obligan desde su promulgación y publicación, de modo que lo que se busca es excusar la impunidad de unos sinvergüenzas.