El pasado jueves, 27 angurrientos senadores aprobaron el Presupuesto General de la Nación con las modificaciones introducidas por las comisiones bicamerales para asegurarse un autoaumento de 6 millones de guaraníes que ingresarían como gastos rígidos para incrementar sus ya inflados salarios. El texto final pasa nuevamente a la Cámara de Diputados, donde nos encontraremos con otros angurrientos similares, y como si fuera poca la desvergüenza, el presidente Santiago Peña ya adelantó que no vetará la ley una vez sancionada, es decir, el “aumentazo de la vergüenza” lastimosamente va camino a concretarse, a costa de los reclamos populares de todos los sectores de la sociedad. Este hecho no solo genera impotencia en una sociedad que no tiene cubiertas sus necesidades básicas, sino que produce indignación y promueve la crispación social. Ese pueblo hambreado, despojado de igualdad de oportunidades y gobernado por una casta de angurrientos es quien debe pagar los lujos y beneficios políticos de nuestros legisladores.
El Poder Legislativo tiene el privilegio, por así decirlo, de conceder aumentos salariales a sus funcionarios y contratados. Siempre que su decisión no sea vetada por el Ejecutivo, el personal favorecido acrecerá sus ingresos a expensas de los contribuyentes y del equilibrio presupuestario, sin que sus servicios beneficien en muchos casos a la población. La calidad de su “trabajo” solo es juzgada por los parlamentarios, que cuentan con unos “cupos” para incorporar a la clientela respectiva, al margen de la Ley de la Función Pública. En la práctica, no todos necesitan asistir al Palacio Legislativo, aunque lo mismo cobran a fin de mes, pero los que sí concurren bastan para atiborrar los pasillos, pues son nada menos que 2.758 los allí ubicados, lo que equivale a 22 por cada congresista. En su enorme mayoría, han sido contratados sin que hubiera una “necesidad temporal de excepcional importancia para la comunidad” o nombrados sin un previo concurso de oposición, como exige la ley violada en toda la administración pública.
Cinco exfuncionarios municipales fueron condenados, la semana pasada, por un caso de robo de combustibles de la Comuna, ocurrido en el año 2019. Es sin dudas un paso importante en la lucha contra los delitos en las instituciones del Estado, un despreciable vicio que se convirtió literalmente en un deporte nacional, debido a la impunidad que usualmente corona los delitos contra el patrimonio público.
Varios exministros de Hacienda se reunieron este martes con autoridades actuales de esa cartera para analizar el proyecto del Presupuesto General de Gastos de la Nación 2023. Pidieron tener “prudencia”, ya que la propuesta presentada ya está “desfinanciada” y “se puede desfinanciar aún más”.
La viceministra de Tributación, Marta González, se embolsó en el último año la suma nada despreciable de G. 240.571.400, en extras por las multas cobradas a contribuyentes por las diversas intervenciones autorizadas por ella misma. Esta repartición beneficia en mayor proporción a los altos jefes.
La nueva matriz salarial del sector público también registra aumentos para algunos funcionarios en cargos de directores generales, directores y coordinadores del área administrativa del Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE), a cargo del canciller nacional Eladio Loizaga.