Una funcionaria consular promovió un recurso de amparo constitucional contra el Ministerio de Relaciones Exteriores (RR.EE.), por haber sido desvinculada o removida ilegítimamente de su cargo el Consulado paraguayo en San Justo ( Argentina), pese a que un año antes notificó que padecía cáncer mamario. Alegó que se sintió abandonada a su suerte, al denunciar que se violó la Ley N° 6.266/2.019 “De atención integral a las personas con cáncer”.
Gobernador de Guairá, Rodolfo Friedmann, hetekue ikatu oguenohëta Gobernación-gui. He'i araka'evepeteï juez ome'ë orden judicial oike haguã hembiapópe, nopenái amparo oïva upéva mboyve.
FILADELFIA. NASA, NASA Regional, Golondrina y La Concepcionera inicialmente intentaron obtener un amparo ante el juzgado local para seguir operando con buses chatarra. Ante el rechazo, recurrieron a la jueza de Villa Hayes, quien sí dio curso al pedido.
El Instituto de Previsión Social gasta anualmente unos 15 millones de dólares al año (G. 75.000 millones) en internaciones y medicamentos para pacientes que consiguen ser atendidos mediante órdenes judiciales. Muchos ni siquiera son asegurados, pero sacan espacio a quienes sí aportan.
El millonario costo de amparos judiciales en el Instituto de Previsión Social, unos G. 60.000 millones al año, se pagan del rubro de salud, que además de ser deficitario (solo el 9%), es escaso. Cada mes el ente recibe por lo menos de 10 a 12 amparos, según confirmó la directora jurídica, Dra. Carolina Llanes.
Mensualmente el Instituto de Previsión Social recibe una gran cantidad de amparos judiciales de pacientes que no son asegurados y que son atendidos en áreas complejas, como terapia intensiva, hemodiálisis, quimioterapia, o incluso retiran costosas drogas oncológicas. El gasto anual es de unos G. 60.000 millones, según se informó.