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La Contraloría General de la República (CGR) realizó una evaluación a todas las instituciones públicas del país, entre ellas a las 17 gobernaciones, y el resultado fue catastrófico pues ningún jefe departamental comenzó con el diseño del Sistema de Control Interno (SCI).
De los 17 gobernadores, Denis Lichi (ANR-HC) de Cordillera, Ricardo Ramírez (ANR-HC) de Misiones, Víctor Hugo Fornerón (ANR-HC) de Ñeembucú, César Sosa (ANR-HC) de Guairá y Arturo Méndez (ANR) de Alto Paraguay tuvieron una calificación “cero y deficiente” en el Sistema de Control Interno (SCI).
Según el ente contralor, esos gobernadores no tienen un control interno sistematizado y que pocos o nulos elementos del Sistema de Control Interno se encuentran definidos, lo que lleva a que sus administraciones sean poco transparentes.
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En tanto, los jefes departamentales Liz Meza (ANR-HC) de Concepción, Freddy D’Ecclesiis (ANR-HC) de San Pedro, Marcelo Soto Pavón (ANR-HC) de Caaguazú, Norma Zárate (ANR-HC) de Paraguarí, César “Landy” Torres (ANR-HC) de Alto Paraná, Bernardo Zárate (ANR-HC) de Presidente Hayes, Nelson Martínez (ANR-HC) de Canindeyú y Harold Bergen (ANR-HC) de Boquerón, no pasaron el 3% en la gestión inicial para implementar los sistemas de control en sus administraciones. Similar condición porcentual tuvieron los liberales Javier Pereira de Itapúa y Ricardo Estigarribia de Central.
Por su parte, la administración del gobernador de Caazapá, Christian Acosta, fue la única que tiene “por lo menos ya el diseño” de su sistema de control, aunque según el informe todavía no está operativo.
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La Contraloría General evaluó a las 477 instituciones públicas del Paraguay y constató que 263 de ellas presenta un SCI deficiente, además 143 tiene un SCI apenas en estado inicial.
Asimismo, 62 instituciones cuentan con un SCI en fase de diseñado y solo 9 instituciones cuentan con un SCI en fase de “gestionado”.
Esta evaluación anual también arroja como resultado que ninguna institución tiene una calificación optimizada y nadie alcanzó la excelencia, por lo que estamos lejos de llegar a la supuesta “transparencia y eficacia administrativa” que tanto pregona el gobierno actual en sus discursos.