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La Contraloría General de la República verificó durante todo el año documentos que respalden el diseño del Sistema de Control Interno (SCI) y realizó la evaluación de su implementación que arrojó como resultado que 263 instituciones públicas, equivalente al 55%, presenta un sistema de control deficiente y 143 instituciones, equivalente al 30%, recién están en el diseño del sistema de control.
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Asimismo, de las 477 instituciones públicas del país solo 62 de ellas, un 13%, están con el diseño completo, lo que significa que se encuentran correctamente definido, los controles se ejecutan de acuerdo a lo planificado y existe cierta disciplina respecto a ellos. En tanto, solo nueve instituciones, equivalente al 2%, están en la fase Gestionado, lo que implica que el SCI se encuentra desplegado e implementado, y se cuenta con mediciones de los factores de desempeño asociados.
Dentro de este ranking, las calificaciones se dividen en Excelencia (AAA), Optimizado (AA), Gestionado (B), Diseñado (C), Inicial (D), Deficiente (E), según el documento presentado por el ente contralor (ver infografía). En ese contexto, el Poder Ejecutivo, desde la Presidencia hasta varios ministerios tuvieron una calificación deficiente.
Las únicas instituciones públicas que están en la fase de diseño del Sistema de Control Interno son: la Cámara de Diputados, el Banco Central, Ministerio de la Niñez y Adolescencia, Administración Nacional de Electricidad (ANDE), Contraloría General de la República (CGR), Ministerio de Economía y Finanzas, Petropar, Essap y la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios. Sin embargo, ninguna institución tuvo una alta calificación de excelencia u optimizado, lo que significa que estamos muy lejos de mejorar la transparencia.
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Desde el gobierno actual, los discursos de “lucha contra la corrupción y a favor de la transparencia”, terminan allí en mero discursos, pues, por ejemplo, la Presidencia, en sus tres gabinetes (Civil, Social y Militar) no llegaron al 3% de calificación, así como la Vicepresidencia.
En tanto que, los peores puntuados fueron la Corte Suprema de Justicia, la Secretaría de la Juventud, Aduanas, Ministerio de Salud, Ministerio del Ambiente, Ministerio del Interior y la Dinatran. (Mañana, la segunda del informe).
