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El proyecto de ley del RUN plantea la fusión de tres instituciones: la Dirección General de los Registros Públicos, dependiente de la Corte Suprema de Justicia; la Dirección General del Servicio Nacional de Catastro, dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), y el Departamento de Agrimensura y Geodesia, del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC). Esto con el fin de crear el Registro Unificado Nacional (RUN) es el punto que requerirá más consenso, por lo cual se incluyó como primer punto del orden del día.
Tras la ratificación en el tercer trámite del Senado en dos artículos, en este último trámite la Cámara de Diputados está obligada a tener mayoría absoluta (41 votos), ya sea para ratificarse en su versión o aceptar la del Senado. Esto, según lo establecido por la Ley 846/1996, que reglamenta el artículo 207 numeral 3 de la Constitución Nacional.
Si bien están en disputa solo los artículos 122 y 126, la diferencia es diametral, puesto que la versión Senado (acompañada por el cartismo) plantea hacer opcional la exigencia de certificado de condición de dominio para el trámite de inscripción de una propiedad.
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En contrapartida, esto fue advertido como sumamente peligroso por opositores e incluso algunos colorados oficialistas (en concordancia con gremios de escribanos), ya que eliminar la exigencia obligatoria del certificado de condición de dominio crearía un “caos jurídico”, ya en nuestro país existe una tremenda superposición de títulos, y sin el requerimiento del certificado, advierten que incluso los escribanos podrían incurrir contra su voluntad en delitos por inscripción irregular.
Reforma del IPS y ley del Servicio Civil afectará a los trabajadores
Otro punto muy sensible para la ciudadanía trabajadora se encuentran en el punto 5, con el proyecto de ley “por el cual se sustituyen, modifican e incorporan varias disposiciones del régimen legal del Instituto de Previsión Social” y, previamente, en el 3º, el proyecto “de la Función Pública y del Servicio Civil”.
La reforma al IPS sustancialmente plantea ampliar de 36 meses (tres años) a 10 años el registro de aportes de cada salario para establecer la jubilación final que percibirá.
Esto con el argumento de que, en contubernio entre empleados y empleadores, hay quienes estafan al IPS declarando apenas el sueldo mínimo hasta llegar a los 3 años previos a su jubilación, declarando recién ahí sus salarios reales a fin de aumentar sus haberes una vez jubilados.
Si bien es ilegal, la práctica favorece al tanto al empleado como al empleador al poder abonar montos menores en concepto de aporte mensual. El cuestionamiento principal aquí es que se busque afectar a todos, en vez de perseguir y castigar a los ilegales.
El proyecto cuenta con dictámenes a favor y amplia mayoría para su aprobación. Este proyecto se encuentra en su primer trámite y, en caso de tener la media sanción, pasará al Senado.
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Por otra parte, la ley de la Función Pública y del Servicio Civil se encuentra ya en su segundo trámite, por lo que, en el caso de ser aprobado, sin modificaciones (como se sugirió en comisiones) pasará al Ejecutivo. La iniciativa plantea sustituir a la actual ley de la Función Pública, estableciendo supuestamente como única vía para el ingreso y ascenso labora en el Estado el concurso.
Si bien en los papeles suena bien el discurso de la “meritocracia”, la realidad es que el proyecto, además de legalizar figuras no contempladas, pero abusadas, como la de los “asesores”, no existe garantías de que, sobre todo el Poder Legislativo y Judicial, no terminen evadiendo la ley una vez sancionada.
Esto debido a que evaden actualmente leyes como la que inpode y castiga el nepotismo, o la conocida como ley “Godoy” (de racionalización del gasto público), cuyo alcance dejan sin efecto mediante un artículo de la ley del presupuesto anual.
Diputados sancionarían “nuevo” tren de cercanías
Finalmente, intentarán sancionar el nuevo proyecto de “Tren de Cercanías”, tras el fracaso del proyecto inicial por el repentino retiro de la contraparte, el gobierno de Corea, el cual cuenta con pedido de tratamiento de urgencia del Ejecutivo
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La iniciativa busca adecuar el proyecto a la búsqueda de nuevos financistas, sin que se hayan aclarado los motivos para el retiro de los coreanos, que apoyaron el proyecto inicial.