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El Poder Ejecutivo, citando el Artículo 210 de la Constitución Nacional, solicitó el “tratamiento de urgencia” del proyecto del nuevo proyecto de ley de la reforma el Tren de Cercanías. El documento ya tuvo media sanción en la Cámara de Senadores y será analizado también de manera veloz en Diputados.
La diputada Cristina Villalba (ANR-HC), presidenta de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, solicitó la inclusión para la sesión del próximo martes 10 de diciembre del proyecto de ley de la reforma el Tren de Cercanías para que sea tratado entre los primeros cinco puntos del orden del día.
La aplanadora cartista de la Cámara de Senadores el pasado 29 de noviembre dio media sanción al nuevo proyecto de ley con el cual se busca implementar el tren de cercanías entre Asunción e Ypacaraí.
Tran de cercanías: superpoder al Ejecutivo para puentear a Contrataciones Públicas
El plan normativo no solamente le da a Ferrocarriles del Paraguay (Fepasa) la posibilidad de evadir las leyes de Contrataciones Públicas, de APP y de Concesiones, sino también a la Ley N° 1.535 de “administración financiera” del Estado. Además, le da un superpoder al Ejecutivo.
El Poder Ejecutivo pretende puentear la Ley N° 1.535 con este nuevo proyecto de ley, que durante los 35 años de “subconcesión” que otorgará Fepasa a uno o más socios privados, el Estado realizará millonarios desembolsos al fideicomiso que se creará para el pago de las obligaciones a la empresa que resulte adjudicada para construir, operar y mantener el ferrocarril eléctrico.
Con el proyecto de ley que aprobarían a tambor batiente, nuevamente el cartismo autoriza al Poder Ejecutivo a la constitución de uno o más fideicomisos (de administración y pagos) para cumplir con las obligaciones derivadas de los compromisos firmes y contingentes cuantificables del Estado y Fepasa. Así también de los costos que correspondan por resolución de controversias que pudieran surgir del o de los contratos de subconcesión celebrados para la implementación del plan, que requerirá una inversión de unos US$ 600 millones.
El gobierno está analizando una “ayuda” inicial de hasta US$ 150 millones para que el proyecto sea factible y si el Estado costea el monto mencionado, el privado deberá encargarse de conseguir el resto de la financiación (US$ 450 millones).