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Este martes se desarrolló en el Palacio de Gobierno el acto de promulgación de la ley “Que establece el Régimen Nacional de Integridad, Transparencia y Prevención de la Corrupción de la República del Paraguay”.
En la oportunidad, el contralor, Camilo Benítez, explicó aspectos de la normativa promulgada, que, según dijo, pretende combatir la corrupción con persecución penal, pero también de forma preventiva.
El responsable de la Contraloría recordó que esta ley de integridad pública, transparencia y prevención de la corrupción es una iniciativa que originalmente se consiguió para la Secretaria Nacional Anticorrupción. Pero hubo un inconveniente: esta institución carecía de independencia del poder administrador, lo que es un factor sustancial. Por tanto, la dependencia no pudo llevar adelante esta política estatal.
Dependencias del Ejecutivo no pueden manejar denuncias
Así también, el contralor recordó que este proyecto de ley tuvo una discusión de más de 10 años, y nunca pudo el sector ponerse de acuerdo sobre la importancia de crear una política de integridad para el Paraguay.
Es por eso que esta vez establecieron claramente que la recepción de denuncias contra funcionarios no puede manejarla un ministro de gabinete del Poder Ejecutivo.
En concreto, según el contralor, a partir de ahora quedará reglamentado el principio de transparencia y recepción de denuncias, complementando así la ley de Acceso a la información pública y transparencia gubernamental del año 2014.
El contralor recordó que esta ley, si bien fue un hito histórico, tuvo ciertas falencias, porque los gobiernos departamentales y otros poderes del Estado no cumplieron.
Transparencia activa y pasiva
Por eso, esta vez, reforzarán dos conceptos: la transparencia activa o la pasiva.
Camilo Benítez explicó que la transparencia pasiva es cuando un ciudadano quiere acceder a información, mientras que la activa es cuando las autoridades tienen la obligación de publicar información.
En este sentido, pretenden regular la ley promulgada, para que la transparencia activa sea real y la gente pueda controlar a sus gobernantes nacionales, departamentales y municipales.
Con respecto a la plataforma que tendrá disponible la gente para hacer sus denuncias, indicó que esta protegerá la identidad del denunciante para que ningún funcionario tenga acceso a la identidad de quien denuncia.
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Se investigarán todas las denuncias “sin cajoneo”
Por otro lado, dijo que con esta ley el contralor estará obligado a dar seguimiento a todas las denuncias, sin “cajoneo”.
Si bien reconoció que algunas podrían ser archivadas, esto solo por falta de méritos y con fundamento.
Además, se apunta a crear un Consejo Nacional Anticorrupción, para que los poderes consensúen una política de integridad y de allí lleven herramientas a sus instituciones.
En este Consejo, la Contraloría tendrá el liderazgo en materia de políticas de integridad pública.
Trabajarán en represión y en prevención
El contralor puntualizó que es importante que la corrupción se luche con represión, pero también se debe enviar los casos al Ministerio Público, que la Corte Suprema condena y “la gente (culpable) tiene que ir a la cárcel”.
En este sentido, enfatizó que la corrupción se debe luchar también en forma preventiva porque “solo represión no funciona”.