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Con la complicidad del presidente de la República, Santiago Peña, el cartismo y sus satélites a principios de año convirtieron en “ley muerta” la N° 7089/2023 “que establece el régimen de prevención, corrección y sanción de conflictos de intereses en la función pública”. El primer beneficiado es el senador cartista Gustavo Leite, a quién se le perdonó el no haber declarado inicialmente su vínculo con la “Asociación Civil Comunidad Cenáculo Del Paraguay”.
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El 9 de octubre pasado, Leite presentó la rectificación a su declaración jurada de intereses presentada el 15 de octubre de 2023, obligado tras su asunción al cargo de senador. Tras ser pillado, agrega su vínculo como “tesorero” ante la oenegé Cenáculo, desde el 3 de octubre de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2022.
En el documento menciona que es un “dato omitido por error en la interpretación de la ley” y que “no se configura un acto de mala fe pues el cargo finalizó el 31/12/2022″.
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Este dato vuelve a ser falso, según una constancia emitida por la Dirección General de Personas Jurídicas el 13 de julio de 2023 en la cual aún aparece que Leite es tesorero de la ONG.
Dicho argumento también se contrapone con la Ley Nº 7236, con la que aniquilaron la ley original contra conflicto de intereses, mediante el artículo 14, obliga al legislador a declarar el vínculo y que “la información abarcara los dos años inmediatamente anteriores a la declaración”.
Entre su “salida” de la ONG hasta el momento de su primera presentación transcurrieron poco más de siete meses, es decir, debió reportar.
El senador Leite, quién se autoproclamaba “transparente” y llamaba despectivamente a representantes de organizaciones de la sociedad civil como “oenegeros”, fue uno de los que -en complicidad con Santiago Peña- fulminaron la transparencia que buscó la ley contra el conflicto de intereses.
Esto debido a que si bien el artículo 31 de la ley actual, supuestamente “castiga” la presentación de DD.JJ. de intereses incompletas -apenas con multas-, también se da un plazo de gracia para maquillar el “error” impunemente.
Esto puesto que la ley dice que quién presente “una DD.JJ. de intereses de manera incompleta será apercibido por escrito u otro medio fehaciente por la CGR para que presente la documentación o la información necesaria dentro del plazo de diez días hábiles” y deja en manos de Contraloría determinar con un sumario la “mala fe”.
