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De acuerdo a la última planilla publicada por la Contraloría General de la República (CGR), el intendente de Juan de Mena, Fabio Díaz Mendoza(PLRA), no entregó sus documentaciones que avalen el destino de los G. 3.093 millones que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) le transfirió en concepto de royalties, los G. 600 millones del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide), de los G. 148 millones de dinero proveniente del impuesto por juegos de azar y G. 116 millones de recursos menores del Estado.
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El jefe comunal cordillerano no entregó sus rendición de cuenta desde enero del 2024, es decir, no presentó su primer informe cuatrimestral, ni tampoco el segundo. No obstante, el Ministerio de Economía continúa entregándole los recursos. De enero a setiembre Fabio Díaz Mendoza recibió G.4.551 millones de recursos estatales.
Intendenta de Quyquyhó
Mientras que la jefa comunal cartista que también no presentó documentación ante el ente contralor es Patricia Corvalán , intendenta de Quyquyhó (Paraguarí), quien es esposa del imputado diputado Esteban Samaniego (ANR-HC). La jefe comunal también está imputada por supuestos hechos de administración en provecho propio y asociación criminal por un presunto perjuicio de G. 338.595.000.
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La intendente cartista recibió de parte del Ministerio de Economía y Finanzas hasta setiembre pasado, G. 716 millones en concepto de royalties, G. 203 millones por Fonacide, G. 33 millones por juegos de azar y G. 516 millones en recursos menores del Estado. En total, según la planilla de desembolso Patricia Corvalán no explicó qué hizo de los G. 3786 millones que recibió hasta setiembre pasado.
La imputación
La pareja conformada por Patricia Corvalán y el diputado Esteban Samaniego están imputados en una causa cuando el ahora parlamentario ocupaba el cargo de intendente de Quyquyhó (2011-2017), pero chicanean para evitar ir a juicio oral. Según la carpeta fiscal, Samaniego “se valió de su cargo como intendente para beneficiarse en forma indebida, ya que era administrador de gastos” y accedía a fondos depositados en el Banco Nacional de Fomento (BNF), llegando a la suma de G. 338.595.000.
Mientras que su esposa, Patricia Corvalán (ANR, HC), actual intendenta de Quyquyhó, habría cobrado unos G. 117.500.000 que debieron ser destinados para fines sociales. También algunos familiares cobraban cheques y terminaron imputados entre ellas la madre del diputado y su custodio policial, según la Fiscalía.