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La Contraloría publicó varias evaluaciones realizadas a algunas instituciones del Estado y la peor calificación obtuvo el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), a cargo de la ministra Claudia Centurión. En tanto que, la mejor puntuada fue el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, cuya titular es Mónica Recalde.
Ministerio de Obras con calificación “cero”
La institución encabezada por la ministra Claudia Centurión fue la que no cumplió un solo ítem de las observaciones dejadas por el ente contralor, cuyo titular es Camilo Benítez.
“Culminada la evaluación del Plan de Mejoramiento, con base en las acciones de mejoramiento propuestas por la Institución, esta arroja un promedio de 0,00 que equivale al nivel de “No cumplido”, con un 0 % de cumplimiento. Esta situación se debe a que todos los puntos no fueron cumplidos, debido a que son acciones a futuro y que no están acompañados de documentos de respaldo”, reza el documento de la Contraloría.
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Según la evaluación, el Ministerio de Obras no realizó un relevamiento de datos de todas las obras que están en ejecución por lo cual incumplió con el “diseño ejecutivo”, con lo cual se encuentran en condiciones de servicios inferiores a las contratadas. Tampoco cumplió en entregar una planilla con las eventuales fechas de terminación de obras, no hizo la verificación de convenios con otras instituciones para garantizar la ejecución de obras.
Por otro lado, también existe una diferencia de G. 401.639.214 entre la certificación de los trabajos y lo que realmente se ejecutó.
“No se evidencia la Observación N° 4 la realización de las Evaluaciones de Índice de Servicio, desde diciembre/2023 hasta las verificaciones in situ. No se evidencian verificaciones de campo realizadas por los supervisores del MOPC. Deficiencias en la planificación del proyecto ejecutivo, generaron la formalización de convenios modificatorios que implicaron aumento del costo de la obra y del plazo de ejecución”, reza otra parte del documento.
Carlos Fernández Valdovinos obtuvo un dos
Por otro lado, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), a cargo del ministro Carlos Fernández Valdovinos, estuvo en el segundo lugar de los peores puntuados por la Contraloría.
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“Culminada la evaluación del Plan de Mejoramiento, en base a las acciones de mejoramiento propuestas por la institución, esta arroja un promedio de 0,43 % que equivale al nivel de “No Cumplido”, con un 21% de cumplimiento. Esta situación se debe a que los seis puntos fueron cumplidos en forma parcial. Este nivel de evaluación se debe a que la institución ejecutará recién las acciones propuestas al cierre del ejercicio fiscal 2024 (cuatro observaciones), y al 30 de junio de 2025 (dos observaciones)”, señala en otra parte el documento oficial.
Según Contraloría, la Tesorería General dejó de percibir el importe de G. 5.026.436.591, equivalente al 70% en concepto de ingresos por canon fiscal por Juegos de Azar, debido a que las mismas fueron depositadas directamente por algunas municipalidades en la cuenta del BNF asignada, durante el Ejercicio Fiscal 2023.
En concepto de juegos de azar, también se dejó de percibir G. 3.733.306.892, debido a que algunos municipios depositaron directamente en las cuentas bancarias de la DIBEN y de los Gobiernos Departamentales. O sea, el Ministerio de Economía fue “puenteado” por varias administraciones municipales.
Mades: en el tercer lugar
El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible, cuyo titular es Rolando De Barros, quedó en tercer lugar de los peores puntuados, según la evaluación de la Contraloría.
La institución solo cumplió con la mitad de lo que proyectó mejorar este 2023 por lo cual obtuvo un cumplimiento parcial con el 50% de puntuación. El ente de control cuestiona que la institución ambiental no posee un plan de gestión integral de recolección de pilas y baterías de uso doméstico.
Por otro lado, la Contraloría también calificó a Petropar, cuyo administrador es Eddie Jara, con un cumplimiento parcial al alcanzar el 60%; al Ministerio de Industria y Comerció, a cargo de Javier Giménez, con una calificación de 65% (cumplimiento parcial); al Ministerio del Trabajo, cuya ministra es Mónica Recalde, con un 88%, que representa un cumplimiento parcial.