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Según el reporte de la Contraloría General de la República, un equipo auditor fiscalizó los documentos de la gestión municipal desde el 2018 hasta el 2022 del intendente Gil Amarilla, y se detectó un indicio de perjuicio patrimonial de G. 60 millones. Si bien el monto no es demasiado, la forma desprolija en que se manejó la administración municipal facilitó que se paguen de más por obras que valían menos y, asimismo, no se garantizó la calidad de los mismos.
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“De la comparación entre lo verificado in situ con lo contratado y pagado, se constató que no fueron ejecutados algunos ítems o fueron ejecutados en cantidades diferentes, que fueron pagados con los recursos provenientes del Fonacide y royalties”, reza parte del documento que la Contraloría entregó al Ministerio Público.
En otra parte, se habla de que algunas obras ejecutadas entre el 2018 y el 2022 incumplen con las especificaciones técnicas descriptas en el pliego de bases y condiciones de los contratos o las exigencias propuestas por el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), esto con respecto a la obras realizadas en las instituciones educativas de Obligado con recursos provenientes del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide).
Las falencias detectadas
Las desprolijidades se detectaron en la construcción de empedrado Santa Rosa (acceso a una escuela), construcción de empedrado en la calle Santa Rosa entre Los Colonos y la avenida Bernardino Caballero, empedrado sobre la calle Mariscal Francisco Solano López, construcción de dos aulas en el colegio María Auxiliadora, construcción de empedrado sobre la calle Las Tunas, construcción de empedrado en el barrio Virgen del Carmen, construcción de polideportivo en la escuela Adela Speratti y en la construcción de aula y baño en la escuela San Miguel.
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En su descargo, el intendente Gil Amarilla se comprometió a exigir a las empresas contratistas a que cumplan con las especificaciones técnicas de las obras ejecutadas. Sin embargo, las justificaciones realizadas por el cartista no convencieron a la Contraloría General de la República (CGR), por lo cual presentó el reporte de indicio de hecho punible.
Intendente aplazado
El cartista tampoco cumplió a cabalidad con el plan de mejoramiento institucional que se comprometió con la Contraloría, luego de la Fiscalización Especial Inmediata. De los 14 puntos que debía mejorar el intendente Amarilla, solo llegó al 50 por ciento, por lo cual tuvo un cumplimiento parcial.
El intendente no cuantificó las certificaciones y los pagos realizados por las obras, tampoco exigió a la contratista cumplir con los compromisos asumidos.
Asimismo, no optimizó los contratos de las obras para que se evite las faltas administrativas anteriores y tampoco comunicó a cabalidad a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas sobre los llamados.