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La Contraloría General de la República (CGR) informó que tras la auditoria realizada a la ejecución presupuestaria de ingresos y gastos del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide) y los royalties, desde el primer semestre del 20218 al ejercicio fiscal 2020 de la Municipalidad de San Lorenzo, detectó varias inconsistencias que podrían haber causado un millonario daño patrimonial.
Lamentablemente debido a la lentitud en la elaboración de los informes dejará en la nada un eventual proceso judicial, esto tendiendo en cuenta que el entonces intendente Albino Ferrer, quien administró los recursos hasta el 2029 falleció en agosto pasado. Culminó su periodo municipal el concejal Alcibiades Quiñónez y el actual intendente sanlorenzano es Felipe Salomón. Todos, del Partido Colorado.
Entre la irregularidades detectadas por la CGR están que la administración municipal no dio un seguimiento a las especificaciones técnicas a las obras ejecutadas que fueron certificadas y pagadas en su totalidad. En especial las aulas construidas Colegio Nacional Concepción Leyes de Chávez, Colegio Nacional Génesis, Escuela Municipal Héroes del Chaco, Escuela Municipal María Auxiliadora, Escuela Nuestra Señora de la Asunción, Escuela 15 de Mayo. Así como las obras ejecutadas en la Escuela Virgen de Fátima, en la Escuela Sargento Cándido Silva, escuela José Dolores González. Estas obras presentas costos abultados y otras se ejecutaron con materiales de pésima calidad, según el equipo auditor.
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Asimismo, según la CGR la Municipalidad de San Lorenzo pagó por obras atrasadas sin aplicar las multas a las falta contractual de las constructoras. También se constató que se pagó por la construcción de empedrados por G.1.013 millones de los recursos de Fonacide sobrepasando el 20% del destinado para proyectos de inversión pública y desarrollo.
Además existen obras que supuestamente documentalmente se ejecutaron en varias plazas, pero tras la verificación “in situ” no se encontraron. Es decir hay “obras fantasmas”.
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Otra de las irregularidades detectadas es que la administración municipal durante el periodo 2018, 2019 hasta el primer cuatrimestre de 2020 imputó de manera incorrecta los honorarios profesionales en periodos de años anteriores. El presunto daño patrimonial sería de G. 6.359 millones. Asimismo las planillas de utilización de combustible están incompletas. Se constató un uso discrecional del combustible comprado con recursos de royalties y Fonacide durante el 2018,2019 y 2020.
Asimismo se detecto que la administración municipal compró mezcla asfáltica por G. 2.928 millones sin contar con un procedimiento para distribuir o demostrar en donde fue a parar el material. Además existen inconsistencias con las facturas recibidas de la firma “Construcmetal”.
Existe otra factura por G. 3.228 millones con la empresa Construcmetal que se justifica con “otros bienes de consumo” sin contar con una reglamentación para la utilización de los mismo. También justificaron la compra de maquinarias pesadas con una factura de una empresa que no estaba registrada para otorgar dicha actividad ante la SET.
En tanto que, el descargo de intendente Albino Ferrer en su momento fue que se ajustaron a lo que las leyes le permitía, asimismo Alcides Quiñones en muchas de las observaciones alegó que no se ejecutaron durante su gestión. En tanto que, Felipe Salomón manifestó que recién asumió la intendencia en diciembre del 2021.