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La Presidencia de la República llamó a conferencia de prensa a informar novedades en el juicio de pedido de nulidad del laudo arbitral promovido por el Estado paraguayo contra dicha instancia, en un caso que tiene como antecedente la adjudicación que se hiciera en su momento de las obras del metrobús a la empresa Mota Engil.
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Según los antecedentes, el metrobús fue el principal fracaso reconocido por el gobierno de Horacio Cartes (2013-2018). El gobierno de Mario Abdo Benítez (2018-2023) rescindió el contrato en 2020 y la firma portuguesa ganó el arbitraje en diciembre del 2023 por US$ 17 millones más intereses.
La vocería presidencial indicó que dicho laudo condenó al Estado paraguayo a pagar más de US$ 19 millones, con intereses actuales. Sin embargo, con este resultado judicial el monto se reduce.
El procurador Aurelio González indicó que la sentencia del Tribunal de Apelación Tercera Sala de la Capital, ha anulado parcialmente el laudo arbitral que se impuso al Estado paraguayo, donde se le condenó a pagar el monto que, sumado con los intereses, da una cifra mayor a US$ 19 millones.
Indicó que con esta resolución solamente queda la obligación de los más de G. 600 millones que tiene que pagar Mota Engil al MOPC, y de la misma manera quedan los US$ 2.600.000 que debe devolver el MOPC a Mota Engil en concepto de monto retenido.
Tirotean al gobierno de Abdo
“En su momento, nosotros habíamos sostenido que íbamos a dar batalla jurídica a una decisión que consideramos políticamente incorrecta en ese momento, económicamente injustificada, y el laudo y este fallo nos demuestran que jurídicamente estuvo desacertada esa decisión de recibir el contrato”, dijeron en alusión al gobierno de Mario Abdo Benítez.
González indicó que el Tribunal ha anulado parcialmente el laudo debido a la imposición de tasas usurarias y como la determinación de daños sin probarse, sin justificarse y sin cuantificarse.
Aclaró que todavía esta empresa puede interponer algún recurso de aclaratoria o una acción de inconstitucionalidad ante la Sala Constitucional de la Corte.
La sentencia fue firmada por los jueces Pierina Ozuna Wood, Guillermo Federico Zillich Silva y Neri Eusebio Villalba Fernández.
