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Según la Contraloría, el intendente Palacios realizó pagos en concepto de jornaleros por G. 116 millones sin contar con respaldo documental. Tampoco presentó documentos por G. 44 millones, que supuestamente usó para honorarios profesionales.
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La CGR no encontró documentos de pagos por supuestos servicios de aseo, mantenimiento y reparaciones por G. 38 millones. Para “adquisición de otros servicios” se pagó G. 100 millones, pero no se sabe en qué concepto y no hay documentos que justifiquen esa erogación municipal.
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Asimismo, supuestamente, la administración municipal entregó G. 171 millones a entidades educativas sin fines de lucro, pero no hay documentos. Se pagó obras supuestamente por G. 235 millones con recursos de Fonacide, pero no hay documentación respaldatoria.