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La Cámara de Senadores, presidida por Basilio “Bachi” Núñez (ANR, HC), aprobó ayer, con modificaciones, el proyecto de ley “Que establece el Régimen Nacional de Integridad, Transparencia y Prevención de la Corrupción de la República del Paraguay”. Se trata de una iniciativa del Poder Ejecutivo y la Contraloría General de la República (CGR), cuyo titular es Camilo Benítez (ANR).
Por amplia mayoría, el pleno aprobó en general las modificaciones propuestas por comisiones a pedido de la oposición que denunció puntos inconstitucionales.
Contraloría, sin poder vinculante
El ente contralor pasa a absorber la Secretaría Nacional Anti Corrupción (Senac). En cambio, se eliminó la intención de darle a la CGR la facultad de emitir dictámenes “vinculantes” a consideración del Ministerio Público. También se testó la atribución de recibir “denuncias anónimas”.
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El senador Javier Zacarías Irún (ANR, HC), de la comisión de Asuntos Constitucionales, coincidió con la oposición que estos puntos violaban la Carta Magna.
Sin embargo, la oposición sostuvo que otros puntos del proyecto de ley eran “peligrosos”, “una falacia” y un “concierto de violines” con objetivos inocuos que no busca una lucha real contra la corrupción.
Rafael Filizzola (PDP) reiteró que el proyecto no contempla solución al “puenteo” que sufre la Contraloría con cientos de entes públicos y municipios que eluden el control con acciones judiciales y rindiendo gastos al Tribunal de Cuentas.
Eduardo Nakayama (exPLRA) sostuvo que, en una República, la CGR debe estar en control de la oposición y Yolanda Paredes (Cruzada Nacional) dijo que el contralor Benítez es un colorado, militante de una seccional, que nunca va a investigar a sus correligionarios.
Agregó que el gobierno de turno no busca luchar contra la corrupción, sino cumplir un convenio internacional recientemente firmado.
Crea un Consejo Nacional
En los puntos aprobados, otros parlamentarios, entre ellos Rubén Velázquez (Yo creo), denunciaron que la Contraloría perderá su autonomía y que se someterá al Poder Ejecutivo, ya que se creará un Consejo Nacional Anti Corrupción (CNA) que será coordinado conjuntamente tanto por el Contralor como por el Jefe del Gabinete Civil de la Presidencia de la República, siendo el Ejecutivo “juez y parte” una vez más.
Dicho consejo será integrado además por los tres poderes del Estado; un representante de la Corte, de cada cámara del Congreso; del Gabinete Civil; del Ministerio Público y la Contraloría.
El oficialismo también ignoró a la oposición e incluyó un polémico artículo en que la Contraloría General de la República podrá “derivar al Ministerio Público las denuncias que sean consideradas falsas, notoriamente infundadas o mal intencionadas”, pese a que la CGR no tiene atribuciones para calificar las denuncias.
Por su parte, Basilio Núñez salió al paso de los reclamos y acusó a los opositores de vivir en “el país del revés” en que no quieren luchar contra la corrupción en uno de los países más corruptos del mundo.
También defendió enérgicamente al contralor Camilo Benítez y sostuvo que durante el gobierno de Mario Abdo Benítez la Senac era el “garrote” contra los cartistas.
El expediente pasa ahora a la Cámara de Diputados.
“Avión iraní”, el fin de la Senac
En este caso, el presidente Santiago Peña sí cumplió una promesa electoral: eliminar la Senac. El mandatario había dicho que el ente no tenía funciones.
Sin embargo, la Senac era duramente cuestionada por el cartismo desde hace años por sus investigaciones, especialmente por la denuncia presentada contra Horacio Cartes, por asociación con el terrorismo, en el caso avión iraní-venezolano.
La Senac fue creada en 2012 por Federico Franco (2012-13) y durante la gestión del exministro anticorrupción, René Fernández, hoy imputado junto a Mario Abdo Benítez, a pedido de Cartes, el ente presentó 193 denuncias de supuestos hechos de corrupción ante el Ministerio Público.