“Oenegero trasparente”: Contraloría analiza declaración jurada de Leite

La Contraloría General de la República verifica la declaración jurada del senador Gustavo Leite por posible irregularidad ante la falta de datos relacionados con la Comunidad Cenáculo, una ONG que recibió fondos de Itaipú y Tabesa. Según detalló el contralor Camilo Benítez, Leite tiene un plazo de diez días para la rectificación de las informaciones.

Gustavo Leite (ANR, cartista)
Gustavo Leite (ANR, cartista)Arcenio Acuña Rojas

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El Contralor General de la República, Camilo Benítez, anunció que la Contraloría está investigando al senador Gustavo Leite por posibles irregularidades en su declaración jurada respecto a su vínculo con la organización “Comunidad Cenáculo en Paraguay”.

Esta ONG, dirigida por la esposa del legislador, recibió fondos de Itaipú Binacional y Tabacalera del Este (Tabesa), esta última sancionada por Estados Unidos.

Según Benítez, el objetivo es verificar si existió un conflicto de intereses no declarado por el senador. “De hecho, se está verificando ahora”, afirmó el contralor, explicando que la ley otorga un plazo de diez días para que el funcionario aclare y, de ser necesario, rectifique cualquier omisión en su declaración jurada.

Según Benítez, en los próximos días se correrá traslado a Leite para que presente su descargo, que será evaluado por la Contraloría antes de emitir un informe sobre el caso.

El senador Gustavo Leite -quien se había autodeclarado “oenegero trasparente”, afirmó hoy que dejó de ser tesorero de la ONG en 2022, por lo que no incluyó dicho vínculo en su declaración de 2023. Sin embargo, esta afirmación contradice sus declaraciones de la semana pasada, en las que aseguró que dejó la organización a mediados de 2023.

Ante esta inconsistencia, el legislador admitió que se equivocó y desafió a la Contraloría a investigarlo. “Si algo está mal lo subsanaremos, uno es humano y puede cometer errores”, manifestó.

Contraloría se encuentra limitada en investigar a la ONG de Leite

En cuanto a la posibilidad de auditar los fondos recibidos por Comunidad Cenáculo, Benítez aclaró que la Contraloría no tiene potestad para auditar fondos que provienen de las binacionales, como Itaipú, debido a un litigio en la Corte Suprema de Justicia (CSJ). “No es que no queramos, sino que ambas binacionales accionaron ante la CSJ para evitar la auditoría de sus gastos socioambientales”, detalló.

Si la ONG hubiera recibido fondos de otra institución pública distinta a las binacionales, la Contraloría sí podría auditar dichos recursos. “Si el dinero solo vino de una binacional y no de otra institución pública, será imposible”, subrayó el contralor.

Benítez recordó que la Contraloría sostiene su postura respecto a la fiscalización de las binacionales. Argumentó que, según la Constitución Nacional, tiene la facultad de auditar todas las actividades económicas y financieras del Estado, incluidas las que involucran fondos de cuentas nacionales administradas por las binacionales. “Hasta que la Corte no se expida, nosotros no podemos hacer nada”, puntualizó.

CGR presentó a la CBI irregularidades de otras ONG

Además, el contralor informó que la institución presentó a la Comisión Bicameral de Investigación antilavado de dinero, también conocida como “comisión garrote”, toda la documentación relacionada con organizaciones no gubernamentales que recibieron dinero público de diversas instituciones, además de USAID.

En los últimos cinco años, los reportes de la Contraloría revelaron indicios de hechos punibles por un monto superior a 125.500 millones de guaraníes, en los cuales no existe documentación de respaldo que justifique la ejecución de dichos fondos.

Por otro lado, el senador Gustavo Leite sostuvo que a la Comisión Bicameral de Investigación solo se concentra en la información sobre las organizaciones e instituciones que recibieron dinero desde Estados Unidos o de la Unión Europea.

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