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Inicialmente, la Contraloría General de la República (CGR) detectó doce casos que causaron un supuesto daño patrimonial de G. 227.143.382. Sin embargo, luego de una auditoría interna de la CJPPM, se detectó que en tres casos no fueron cobrados los haberes depositados, por lo que se procedió a la reversión de los pagos.
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En otros tres casos, las respectivas parejas de los afiliados fallecidos solicitaron la pensión.
De esta manera, quedan seis los casos que deberán ser investigados penalmente para determinar quiénes fueron los familiares o allegados de los afiliados fallecidos que cobraron irregularmente haberes jubilatorios por G. 125.769.225.
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Para evitar que en el futuro existan avivados que cobren los haberes jubilatorios de algún asociado fallecido, la Caja de Jubilación Municipal formalizó un convenio con la Dirección General del Registro Civil de las Personas para hacer un cruzamiento de datos y saber en tiempo real si un pensionado sigue vivo.