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El objetivo de los fiscalizadores de la Contraloría fue verificar la ejecución presupuestaria de los gastos correspondiente a los periodos fiscales 2021, 2022 y primer trimestre del 2023. El estudio documental abarcó la gestión del entonces intendente Carlos César Haitter (PDP), quien tras su renuncia en busca de su reelección fue reemplazado por Wilson Báez (PLRA). Asimismo, se analizó la gestión de Báez y los dos primeros años de la gestión del actual intendente Héctor Morán (ANR-HC).
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La CGR en su informe final indica que no encontraron respaldo documental sobre la ejecución presupuestaria del 2021 que justifiquen el uso de G. 284 millones, en especial por pago al personal de limpieza.
Además durante el 2021 supuestamente la Municipalidad de Saltos del Guairá pagó por “bonificación por venta” G. 220 millones y justifica esa erogación por pago a cobradores de estacionamiento en la vía pública. Es decir, en Salto del Guairá se tienen “cuidacoches de oro”.
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Otra de las irregularidades detectadas es que la Comuna hizo un pago de G. 500 millones de sus recursos genuinos para pago a jornaleros, pero no se cuenta con un respaldo documental, en los periodos evaluados.
Además se hizo pago a una empresa por “honorarios profesionales”, pero las firmas no están registradas para brindar servicios como profesional independiente.
También se pagó a una funeraria G. 200 millones, pero no hay documentos. Además se compraron maquinarias, equipos y herramientas y compra de combustible y lubricantes por más de G. 500 millones sin contar con respaldo documental, se constató también la compra de equipos de oficinas y computación por más de G. 400 millones sin un respaldo documental.
Los exintendentes Haitter y Báez no respondieron a la CGR. En tanto que Morán aceptó las falencias e indicó que está en busca de mejorar su gestión municipal.