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El presidente Santiago Peña, acompañado de los titulares del Congreso, senador Basilio Núñez (ANR-HC) y de la Corte Suprema, Luis María Benítez Riera, presentó el proyecto de ley que establece el “Régimen Nacional de Integridad, Transparencia y Prevención de la Corrupción”.
Conforme a los datos oficiales, la iniciativa une esfuerzos de los tres poderes del Estado, así como de la Contraloría General de la República (CGR) y el Ministerio Público, para una estrategia nacional de lucha contra la corrupción.
El proyecto fue entregado al titular del Congreso para su estudio y tratamiento. Entre los principales puntos, se amplían las prerrogativas de la CGR para un control de todas las instituciones del Estado.
El proyecto de ley “inviste de verdadera autoridad a la Contraloría como órgano extrapoder”, indicó y se buscará “unificar criterios de transparencia, prevención y denuncia de la corrupción”.
Además, se establecerá un consejo conformado por representantes del Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y de la Contraloría y el Ministerio Público.
En rueda de prensa, el contralor Camilo Benítez informó que el proyecto de ley “es fruto de la cumbre de poderes” convocada por Peña a días de asumir el 15 de agosto pasado ”de manera a coordinar la lucha contra la corrupción entre todos los estamentos del Estado”.
El contralor dijo que de este encuentro también se desprendió la propuesta de un “Registro Unificado Nacional” (proyecto de ley que unifica Registros Públicos, Catastro y Departamento de Agrimensura y Geodesia) para tratar la problemática de la regularización de tierras en el país. El proyecto de ley también establece mecanismos para contar con un centro de denuncias de corrupción en toda la función pública que será manejado por la CGR.
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Senac pasará a la CGR
El asesor jurídico de la Presidencia, Roberto Moreno Rodríguez, refirió como un defecto que el órgano de recepción de denuncias y control depende del Ejecutivo, aludiendo a la Secretaría Anticorrupción (Senac). Esta institución fue creada en el 2012, y que depende de la Presidencia de la República.
Este documento “inviste de verdadera autoridad a la Contraloría como órgano extrapoder”, señaló el asesor jurídico. “Un órgano extrapoder que no depende jerárquicamente ni del Ejecutivo, ni del Legislativo, ni del Judicial es la CGR, y con eso creemos que se está dando un gran salto adelante en el manejo de esta problemática”, expresó.
Señaló, además que “con una ley no se resuelven todos los problemas de la noche a la mañana, no vamos a dejar de tener hechos de corrupción, pero sí se establece una estrategia inteligente para encarar este problema y, sobre todo, se le da al jugador adecuado”.
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El contralor Benítez dijo que “no se puede luchar contra la corrupción desde el órgano que es evaluado”.
“Asumimos esta responsabilidad desde la CGR, creemos nosotros que es un día histórico para nuestro país en materia de control, tenemos un desafío enorme y ahora vamos a tener una carga enorme, porque en esta ley se establece un procedimiento para sobre las denuncias de corrupción”, manifestó, finalmente.
Puenteo a CGR
En junio pasado, el Senado aceptó el veto total de Santiago Peña a la ley que modifica y amplía potestades para el Tribunal de Cuentas y que permite el puenteo a la Contraloría General de la República (CGR). De esa manera se mantiene el esquema por el cual las instituciones presentan sus rendiciones de uso de dinero público ante el Tribunal de Cuentas.