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El informe final que la Contraloría emitió en la quincena de agosto abarcó la fiscalización de la ejecución presupuestaria de ingresos y egresos, y gastos de los recursos de Fonacide, Royalties y compensaciones de la gestión del intendente de Belén, Javier Peralta (ANR-FR). Según el análisis, se habrían detectado obras inconclusas pero aún así se pagaron. Además, encontraron aparentes irregularidades en la provisión del almuerzo escolar y otras desprolijidades.
La CGR también informó que la administración municipal puso muchas trabas para no facilitar las documentaciones solicitadas para la fiscalización. Los auditores constataron que la Municipalidad de Belén tuvo G. 814 millones de ingresos en concepto de recursos genuinos; por Royalites y compensaciones la Municipalidad recibió G. 2.622 millones y en cuanto a los gastos rígidos llegó a G. 225 millones. Asimismo en el presupuesto 2022 se contaba con G. 710 millones para construcciones y los fiscalizadores detectaron que la ejecución presupuestaria fue de “cero”.
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Contraloría visitó instituciones educativas de Belén
Los auditores realizaron verificaciones “in situ” en nueve instituciones educativas donde se distribuyeron el almuerzo escolar. Como resultado, encontraron múltiples falencias como por ejemplo que las facturas por provisión de almuerzo escolar tenían datos incompletos referentes a cantidad, precio unitario, subtotales e inclusive condición de venta. Tampoco se distribuyó el almuerzo de manera continua durante el 2022.
Otras de la falencias halladas es que pagaron G. 1.489 millones por obras inconclusas en varias instituciones educativas. Ejemplo: construcciones de aulas en la Escuela Básica N° 6966 “Niños Mártires de Acosta Ñu; Escuela Básica N° 6689 “Don Juan Cecilio Montanía”; Escuela Básica N° 2088 “Francisco Solano Zarza Irrazábal” y el Polideportivo Municipal, cuya obra está inconcluso y en estado de abandono.
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Asimismo entregaron certificados de obras sin indicar ítems de avance. La intendencia no procedió a realizar retenciones del IVA sobre pagos efectuados en concepto de alimentación escolar, cuyo monto asciende a G. 6.136.364, dice CGR.
El intendente culpó de las obras inconclusas a la gestión anterior pero asumió en 2021 y la fiscalización se hizo en 2022.