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El concejal de Tomás Romero Pereira, Adalberto Caballero (ANR), informó que un equipo de cuatro funcionarios de la Dirección de Control de Organismos Departamentales y Municipales de la Contraloría General de la República (CGR) realiza una Fiscalización Especial Inmediata (FEI) para auditar el ejercicio fiscal 2022 y el primer semestre del 2023 de la gestión del intendente Hernán Ysidro Rivas (ANR-HC).
El jefe comunal es padre del senador Hernán Rivas (ANR-HC), también es investigado en lo penal por presunta lesión de confianza, asociación criminal, apropiación y estafa en relación con la ejecución del periodo fiscal 2022.
El control se realiza en respuesta a las denuncias presentadas por los ediles que hallaron irregularidades en el manejo del dinero público. Los trabajos de verificación se realizan atendiendo la resolución N° 1090/2023 de la CGR.
Caballero indicó que el equipo auditor se hace presente en el municipio tras más de un año de haber confirmado que se realizaría este procedimiento. La Municipalidad de Tomás Romero Pereira fue notificada el pasado 27 julio del 2023.
El edil afirmó que confían en el trabajo que desarrollará la institución de control y que facilitarán las documentaciones presentadas en las denuncias.
Irregularidades denunciadas
La Junta Municipal, de mayoría colorada, había solicitado la intervención a la Cámara de Diputados en octubre del año pasado. Posteriormente, una Comisión Especial se había constituido en dicha localidad para verificar in situ las denuncias.
Entre las irregularidades que se denunciaron se mencionan adjudicaciones millonarias a empresas privadas por la realización de obras municipales que habrían sido realizadas con maquinaria y personal de la Comuna.
El 11 de junio se realizaron tres allanamientos simultáneos en el marco de las causas en contra del intendente Hernán Ysidro Rivas. El jefe comunal es investigado por supuestos hechos de lesión de confianza, asociación criminal, apropiación y estafa, en relación con la ejecución del periodo fiscal 2022.
La titular de la causa, la fiscala de la Unidad Especializada contra Delitos Económicos, Natalia Fuster, allanó el palacete municipal, sitio del que salió con dos bolsas de documentaciones.