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Este miércoles, el contralor general de la República, Camilo Benítez, presentó a la Cámara de Senadores el informe anual de la Contraloría sobre las actividades de control a los entes del Estado y señaló la necesidad de que los ministerios trabajen en mejorar su organización contable y mantener sus balances actualizados.
El contralor Benítez explicó que habitualmente esos informes anuales son presentados en agosto, pero este año se solicitó a la Contraloría hacerlo en julio, lo que requirió un “esfuerzo adicional” de los auditores y resultó en que queden varias auditorías pendientes de presentación, que “van a ir saliendo en los próximos días” en un “informe complementario”.
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Explicó que se realizaron 1.674 actividades de control entre auditorías financieras de presupuesto, de desempeño en cumplimiento de desarrollo sostenible, control interno de instituciones públicas y fiscalizaciones especiales inmediatas, entre otras.
Comentó que, en general, se observa un “desorden contable” en las instituciones públicas que se reitera año tras año y enfatizó la necesidad de que los ministerios “actualicen su organización contable”.
Puso como ejemplo la existencia de “bienes que ya no existen”, como vehículos que quedan fuera de servicio, como activos en los balances de instituciones como los ministerios de Defensa o Interior.
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Señaló que esa falta de actualización en los balances puede facilitar hechos de corrupción.
Mencionó que se realizaron nueve informes de auditoría financiera, de los cuales dos –correspondientes a los ministerios de Educación e Industria y Comercio– tienen “dictamen no razonable”, lo que implica la necesidad de “profundizar para evaluar si hay indicios de hechos punibles”.
Plazo para las instituciones del Estado
Gladys Fernández, directora de Control Gubernamental de la Contraloría, explicó que las instituciones del Estado que reciben observaciones del ente contralor tendrán un plazo de 30 días para informar de las acciones que tomarán para subsanar las falencias señaladas.
Indicó que las observaciones que “presentan diferencias, faltas, inconsistencia en relación a los registros contables y de ejecución presupuestaria” serán analizadas a profundidad en auditorías forenses.
