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En comunicación con ABC Cardinal este martes, Éver Otazú, gerente general de Impuestos Internos de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, comentó sobre los supuestos indicios de inconsistencias en los ingresos y reservas de empresas vinculadas al expresidente Mario Abdo Benítez (2018-2023) a los que aludió ayer la Contraloría General de la República.
El lunes, la Contraloría anunció que presentará un informe basado en información remitida por la Dirección de Ingresos Tributarios sobre las declaraciones juradas del expresidente Abdo realizadas cuando asumió y cuando dejó la presidencia, de las que se desprende que dos empresas de construcción de las que el exmandatario es accionista mayoritario destinaron alrededor del 90 por ciento de todas sus utilidades a reservas operativas durante el periodo en que Abdo fue presidente.
La Contraloría calificó eso de “inusual” e informó que remitió el informe al Ministerio Público para que se investigue el destino de las reservas.
DNIT debe esperar una denuncia
Otazú enfatizó que la Dirección de Ingresos Tributarios se limitó a responder requerimientos de información específica solicitada por la Contraloría y que “en este momento” a su institución no le corresponde hacer un análisis de si existen inconsistencias o irregularidades en las finanzas de las empresas mencionadas en el informe de Contraloría.
Indicó que la Dirección de Ingresos podría “abrir algún tipo de control o fiscalización” recién luego de que se comunique de forma oficial una denuncia por parte de la Fiscalía u otros órganos de control como la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero.
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“El único órgano competente para determinar si hubo defraudación es la Dirección de Ingresos Tributarios”, explicó. “Más allá de algún tipo de inconsistencia que pudo haber señalado Contraloría en base a un requerimiento informativo, el que debería determinar eso es la DNIT cuando tenga los insumos para decir que hay una contingencia tributaria, es decir cuando la Fiscalía nos comunique y a nosotros nos llame la atención que hay algún tipo de contingencia”, agregó.
Al comentar ayer sobre el caso, el director de Declaraciones Juradas de la Contraloría, Armindo Torres, afirmó que se detectaron “inconsistencias” como la venta de insumos por parte de las empresas a un precio mayor al promedio durante la pandemia de covid-19.
Agregó que una sospecha es que las utilidades pudieron ser destinadas a las reservas con el objetivo de evadir impuestos, aunque admitió que la eventualidad de la comisión de conductas penales debe ser determinada por la Fiscalía.