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“VALOR DE COMPRA 120.000 DOLARES AMERICANOS FRACCIONADO EN 36 CUOTAS; PAGADO A LA FECHA 102.488 DOLARES” consignó como observación el senador cartista Ramón Catalino Retamozo sobre una camioneta Toyota Land Cruiser que avaluó en G. 800 millones. El vehículo, según el legislador colorado en su declaración jurada, presentada el 18 de julio de este año, adquirió en 2022.
Con estos detalles, Retamozo buscaba dejar “constancia” de una deuda de 17.512 dólares por el vehículo. Lo raro es que entre sus pasivos o egresos no especifica el pago de las cuotas o montos correspondientes por la lujosa camioneta.
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El vicepresidente primero del Senado, por otro lado, señaló que adquirió un camión Scania R 480 este año por G. 243.100.000. Por este vehículo, igualmente, hizo la aclaración que tenía una deuda pendiente de G. 104 millones, pero eso tampoco figura entre sus pasivos o la forma de pago.
Lo único que declaró
El senador Retamozo hizo constar en su declaración jurada que su único pasivo era un documento a pagar a Sebastián Pizarro Velázquez. El detalle dice que la deuda inicial con esta persona era de G. 504 millones, con una cuota mensual de G. 14.174.860.
El saldo a julio de 2024 era de G. 127.573.000, según la documentación.
El nombre de Sebastián Pizarro Velázquez ya había saltado en una de las intervenciones del megaoperativo “A Ultranza”, que se realizó en febrero de 2022.
Según una resolución de la jueza Rosarito Montanía, el 8 de marzo de 2022 (luego del operativo antinarco) se presentó ante la Fiscalía José Fernando Santiago Rojas Irigoyen, en representación de la “Empresa de Comercio y de Desarrollo Inmobiliario SA”. Rojas Irigoyen, en esa ocasión, indicó que uno de los inmuebles allanados por la fiscalía en el marco del operativo fue vendido a Sebastián Pizarro Velázquez, titular de la firma “SPV de Negocios SA”, quien a su vez la volvió a venderlo a la prófuga Yolanda Insfrán, hermana de Miguel Ángel “Tío Rico”, Conrado y José Insfrán, ambos sindicados como parte de la supuesta red narco.
La venta a Yolanda Insfrán se hizo el 21 de marzo del 2021, por contrato privado, por de US$ 1.200.000, de acuerdo a los detalles de la disposición judicial.
Millonario crecimiento
El senador Retamozo logró en 10 años aumentar más de G. 10.585 millones su patrimonio neto. En 2014, su fortuna neta era de G. 14.512 millones, mientras que para este año trepó a G. 25.097 millones. Lo llamativo es que el legislador colorado declaró que en este periodo de tiempo gran parte de sus ingresos SOLO provenía del Estado; primero como concejal departamental de Paraguarí, pasando por la presidencia de la ANNP y luego como integrante de la Cámara Alta.
En 2014, sus ingresos mensuales eran de poco más de G. 22 millones, de los cuales G. 7,5 millones eran dieta y gastos de representación como miembro de la Junta Departamental de Paraguarí, mientras que G. 15 millones eran por ventas.
Para 2018, el legislador colorado señaló –al asumir el mando en ANNP– que sus ingresos al mes, prácticamente todo, eran de la función pública. Ganaba G. 32 millones, de los cuales G. 27 millones correspondían a su cargo y G. 5 millones eran por ventas.
En 2021, al asumir la banca dejada por la colorada Mirta Gusinky en el Senado, sus ingresos llegaron a G. 32 millones al mes. Esta cifra íntegramente correspondía al ejercicio del cargo. Ya no había nada extra en forma mensual.
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En su última declaración jurada, presentada el 18 de julio de 2024, el senador Retamozo señaló que sus remuneraciones al mes llegaban a G. 36 millones, en forma íntegra como miembro del Senado, sin otros ingresos al mes.
Denuncia desestimada por fiscalía
El senador cartista Ramón Retamozo había sido denunciado en 2020 por supuesto enriquecimiento ilícito, nepotismo y lesión de confianza. Fue cuando estaba aún al frente de la ANPP durante el gobierno de Mario Abdo Benítez. La denuncia obligó al ahora legislador colorado a renunciar a su cargo, pero logró ubicarse entonces en el Senado.
Lo cierto es que la investigación pasó por varios fiscales –todos recusados por Retamozo– hasta recaer en manos del agente Juan Manuel Ledesma. Este último, llamativamente, pidió el año pasado, cuando el senador era aún miembro del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), el desistimiento de la denuncia.