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De esa manera se mantiene el esquema aprovechado por casi una treintena de instituciones públicas, que, con el fin de no ser fiscalizadas por la Contraloría, presentan sus rendiciones de uso de fondos públicos ante el Tribunal de Cuentas, que no tiene capacidad para revisar a fondo, logrando en la práctica un “blanqueo”.
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Desde 2008 a 2019, la Corte Suprema de Justicia otorgó 28 acciones de inconstitucionalidad favorables a cuestionadas administraciones y según el argumento de Santiago Peña esta ley no solucionaba el inconveniente de los pedidos de inconstitucionalidad.
Al respecto, el senador Rafael Filizzola (PDP) lamentó el veto presidencial y que los diputados hayan aceptado, pues la iniciativa legislativa se originó en la Cámara Baja en el 2022.
“Es escandalosa. Este negocio de la inconstitucionalidades, por que fue un negocio siempre para que la CGR pierda sus funciones de control. La Corte se prestó en algunos casos para apañar el blanqueo a los corruptos. Lamento que el Ejecutivo se preste para esta situación”, dijo Filizzola.
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En similar tenor se expresaron los senadores Celeste Amarilla (PLRA), Yolanda Paredes (CN) y Eduardo Nakayama (ex-PLRA), quienes adelantaron que presentarán otro proyecto de ley que busque evitar el puenteo a la Contraloría. En Diputados, los opositores adelantaron que trabajan en una proyecto obligue a los administradores de gastos a enviar sus rendiciones de cuentas primero a la CGR y luego al Tribunal de Cuentas y zanjar el problema de la inconstitucionalidad.