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Camilo Benítez, contralor general de la República, se refirió al veto del Ejecutivo a la ley antipuenteo, que evitaría que as instituciones públicas recurran al Tribunal de Cuentas para evitar ser auditados por la Contraloría y responsabilizó al Poder Judicial de haber “abierto la puerta” hace dos décadas.
En es sentido justificó al Poder Ejecutivo, asegurando que en la argumentación del veto se tomó de la que viene realizando en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para estos casos.
Aseguró que, a su parecer, la única salida para esta situación es la aprobación de una nueva ley que reglamente la presentación de las instituciones ante el Tribunal de Cuentas y los obligue como requisito previo la auditoría de la Contraloría General de la República (CGR).
Con respecto a los municipios que hacen caso omiso a las recomendaciones de la institución tras las auditorías, señaló que continuarán realizando las denuncias penales en cuanto constaten la comisión de hechos punibles.
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Sacan del proceso de “Hambre cero” a UNOPS
El contralor confirmó además que la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) quedó excluida del proceso de transparencia de “Hambre cero” por lo excesivo de las comisiones que pretendía cobrar por su participación.
Para el caso, la Itaipú Binacional había dispuesto US$ 1,5 millones para el sistema de denuncias ciudadanas con respecto a la calidad del almuerzo escolar, de los cuales esta organización pretendía hacerse con al rededor del 30% (US$ 400.000).
Explicó que por comunicación expresa suya, el Poder Ejecutivo designó a la ministra Lea Giménez para cortar con ese lazo. A partir de ese momento, se resolvió al Parque Tecnológico Itaipú (PTI) la realización de esa tarea por la que la comisión no podrá superar el 3% del monto total invertido.