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La Contraloría General de la República, donde el jefe es Camilo Benítez, presentó en julio del año pasado 36 reportes de indicios de hechos punibles contra más de 100 administraciones municipales -luego de sendas auditorías ejecutadas al recurso destinado para la alimentación escolar entre los años 2021-2022- que siguen sin un avance significativo en la Fiscalía. Incluso algunas denuncias ni siquiera tienen un fiscal designado, según pudimos ver mediante la Ley de Acceso a la Información Pública y la solicitud al ente contralor.
Dicho documento indica que la Dirección de Apoyo Procesal Penal de la Contraloría General, a cargo del abogado Jacinto Galeano, presentó el 25 de julio del 2023 reportes de hechos punibles contra las administraciones municipales de Santa Rosa del Aguaray, Ypacaraí, Ayolas y Ciudad del Este que recayeron en la Dirección de Delitos Económicos y que está a cargo del fiscal Nelson Salinas.
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Asimismo, fueron presentadas denuncias contra las municipalidades de Ciudad del Este ante la unidad de los fiscales Silvio Corbeta y Alma Zayas también ese mismo 25 de julio del 2023.
Además, el 28 de julio del 2023 reportaron indicios de hechos punibles contra las municipalidades de Limpio, Yatytay, Presidente Franco, Zanja Pytã, Primero de Marzo, Vaquería, Yataity de Norte, Ñacunday, Caraguatay, Ybytymí, Teniente Esteban Martínez, Santa Rosa de Lima, Villa Ygatimí, J.E. Estigarribia, J. Augusto Saldivar, Coronel Martínez, Yby Yaú, RI.3 Corrales, La Pastora, Puerto Antequera, Mariscal Estigarribia, Yabebyry, Nueva Toledo, Cecilio Báez, Lima, Yrybucuá, San José del Rosario, Benjamín Aceval, Capitán Meza y 25 de Diciembre, Hernandarias, Obligado y Caapucú que volvieron a caer en manos del fiscal Nelson Salinas.
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En tanto, se presentó en la unidad Penal de San Juan Nepomuceno -a cargo del fiscal Carlos Mercado- una denuncia contra 54 entes municipales de los departamentos de Guairá, Caaguazú, Ñeembucú y San Pedro por un daño patrimonial de G. 19.250 millones.
Según la CGR existen indicios de malversación por más de G. 48.000 millones que debían ser destinados par alimentar a los escolares entre el 2021 y 2022 y que debe ser investigado por el Ministerio Público.