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La ley que modifica el artículo 30 de la Ley 879/1981 del Código de Organización Judicial y regula el Tribunal de Cuentas más conocida como “anti puenteo” fue sancionada el 6 de setiembre del 2023 y en el 4 de diciembre pasado el presidente Santiago Peña (ANR-HC) la vetó totalmente. En consecuencia, el documento volvió a Diputados (cámara de origen) en donde se necesitan 41 votos (de un total de 80) para la rectificación.
El plazo para levantar el veto fenece el próximo 24 de abril. La Comisión de Legislación recomendó el pasado 19 de marzo rechazar la objeción presidencial. Pero sigue sin ser incluido en el orden de Diputados.
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El titular de la Cámara Baja, Raúl Latorre (ANR- HC), se reunió hace 15 días con el contralor Camilo Benítez supuestamente para buscar fortalecer los controles internos y externos de las instituciones públicas, sin embargo, nada declararon públicamente sobre la ley “anti puenteo” a la CGR. Asimismo, el senador Basilio Núñez (ANR-HC), quien asume la presidencia del Senado a partir del 1 de julio hasta el 30 de junio de 2025, visitó también al contralor. Oficialmente se informó que fue para articular acciones a fín de mejorar la transparencia en el país.
Argumento de Peña
La legislación sancionada en el Congreso establece que la Contraloría será la única institución que puede recibir la rendición de cuentas y no el Tribunal de Cuentas como vienen haciendo algunas instituciones, entre ellas la Corte Suprema de Justicia, la Justicia Electoral, algunas gobernaciones y municipalidades, que obtuvieron la acción de inconstitucionalidad. ¿Qué hizo Peña? Vetó el proyecto de ley y permite el “puenteo” a la Contraloría, lo que habilita a las autoridades a presentar un balance “imperfecto” o distorsionado ante el Tribunal de Cuentas, que ni siquiera objeta los números dibujados.
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Para vetar la ley y buscar algún sustento jurídico, Peña solicitó un parecer de la Corte -institución beneficiada por el “puenteo-. La máxima instancia judicial le contestó a Peña que no es viable la promulgación como se sancionó en el Congreso porque supuestamente no pone fin a la disputa entre CGR y Tribunal de Cuentas, sino que más bien la profundiza e incrementa la inseguridad jurídica porque se presentarán más acciones de inconstitucionalidad, y ya hay precedentes con una ley similar del 2003. El proyecto fue presentado en el 2022 por los entonces diputados liberales Edgar Acosta, Jorge Ávalos Mariño y Carlos María López.
Por otro lado, el contralor, bajo la excusa de “actualización”, realizó unos sugestivos cambios que relajó las exigencias para la presentación de las rendiciones de cuentas.