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En comunicación con ABC Cardinal este viernes, Gladys Fernández, directora general de Control Gubernamental de la Contraloría General de la República, habló del anuncio del inicio de auditorías a siete gobernaciones y negó que el ente contralor tenga ánimos de ser utilizado como “garrote político”.
El jueves, la Contraloría anunció el “inicio de actividades de control en siete gobernaciones, en el marco del Plan General de Auditoría”, como lo describió Fernández.
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Se auditará el cumplimiento de la realización de obras públicas, la provisión de alimentación escolar y el uso de fondos de emergencia por la pandemia de covid-19 en el departamento de Cordillera en el periodo 2018-2023, en que esa gobernación estuvo a cargo de Hugo Fleitas –actual presidente del opositor Partido Liberal Radical Auténtico- y, desde el año pasado, del gobernador colorado Denis Lichi.
También serán auditadas –aunque solo en sus transferencias– por el mismo periodo de tiempo las gobernaciones de Guairá (a cargo de Carlos Barreto y César Luis Sosa), Presidente Hayes (Rubén Rousillón y Bernardo Zárate), Misiones (Javier Ferreira y Richard Ramírez), Boquerón (Darío Medina y Harold Bergen), Alto Paraná (Roberto González Vaesken y César Torres) y Central (Hugo Javier González y Ricardo Estigarribia).
Actores políticos de la oposición especulan que la auditoría a Cordillera, un pedido específico de la Cámara de Senadores, es una represalia por parte del oficialismo colorado cartista contra Hugo Fleitas por la reciente expulsión del Partido Liberal del senador Dionisio Amarilla y otros tres senadores “liberocartistas”.
“Siempre hemos priorizado” pedidos del Congreso
Sin embargo, Fernández afirma que “el contralor creyó conveniente poner en ejecución los trabajos pendientes” en esas siete gobernaciones y enfatizó que la Contraloría no hace fiscalización de las personas sino de las instituciones.
Explicó que “siempre hemos priorizado” los pedidos del Congreso, al igual que los del Ministerio Público, el Poder Ejecutivo e incluso las denuncias ciudadanas y periodísticas.
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“No creo que el contralor tenga la intención de que la Contraloría sea utilizada como garrote. El día que eso ocurra no solo va a perder la Contraloría (...) Va a perder el país”, agregó.
Sobre la diferencia entre las auditorías a Cordillera y las demás - que durante el periodo 2018-2023 estuvieron bajo administración colorada –a las que solo se indagará en sus transferencias-, Fernández dijo que “entre estas gobernaciones hay algunas que ya fueron auditadas”
“Si no auditamos obras en otras gobernaciones es porque ya se auditó o ya se hicieron actividades de control anteriores a esta orden, no es que solo caemos con todo contra Cordillera”, afirmó.