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La Contraloría, en su planilla publicada en su portal digital www.contraloría.gov.py, informó que ocho intendentes no entregaron sus documentaciones sobre el uso del dinero recibido del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) durante el 2023.
Los jefes comunales tenían tiempo de presentar su rendición de cuentas del último cuatrimestre del 2023 hasta el lunes 15 de enero pasado, pero en la planilla publicada ayer aparecen en falta: Antonio Apezteguía (ANR), intendente de San Vicente Pancholo (San Pedro), quien recibió durante el 2023 G. 4436 millones del Ministerio de Economía, de los cuales G. 2558 millones fue por royalties y G. 918 millones de Fonacide.
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Tampoco rindió cuentas Fabio Díaz Mendoza (PLRA) intendente de Juan de Mena (Cordillera), quien, según planilla del MEF, recibió G. 1269 millones en el 2023, de los cuales G. 672 millones fue de royalties y G. 262 millones de Fonacide. Asimismo, está en falta Jorge Agüero (PLRA), intendente de Primero de Marzo (Cordillera), quien recibió el año pasado G. 3.150 millones, de los cuales G. 1.777 millones fueron en concepto de royalties y G. 643 millones por Fonacide.
Milciades Flores (ANR), intendente de Pirapó (Itapúa), tampoco informó que hizo de los G. 4.334 millones que el Ministerio de Economía le transfirió, de los cuales G. 3.093 millones fue por royalties y G. 1.119 millones de Fonacide, según la planilla.
Intendentes de Ñacunday, Bahía negra y Puerto Casado tampoco rindieron cuentas
Además, sigue sin rendir cuentas Rafael Ramírez (ANR), intendente de Ñacunday (Alto Paraná), quien recibió G. 2.744 millones, de los cuales G. 1.897 millones fueron de royalties y G. 687 millones de Fonacide. João Ferreira (ANR), intendente de Bahía Negra (Alto Paraguay), no informó hasta ayer sobre qué hizo de los G. 2.238 millones que recibió del Estado, de los cuales G. 1.573 millones fue por royalties, G. 570 por Fonacide.
También Hilario Adorno (ANR), intendente de Puerto Casado (Alto Paraguay), recibió G. 2.553 millones del MEF, por royalties G. 1.796 y por Fonacide G. 650 millones, y no rinde cuentas. El jefe comunal, hermano del diputado cartista Domingo “Mino” Adorno, está acusado por el Ministerio Público de lesión de confianza por comprar supuestamente con dinero municipal una camioneta a su nombre.
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Por último, está en falta Mirtha Fernández (PLRA), intendente de Valenzuela (Cordillera), quien no recibe dinero desde el 2022 debido a qué no informa que hizo de los recursos recibidos en el 2021. La jefa comunal está acusada por lesión de confianza y asociación criminal y “chicanea” para evitar ir a juicio.
Debaten sobre la Ley de Fonacide
Intendentes de más de 100 localidades se reunieron ayer en la ciudad de Atyrá (Cordillera) para debatir sobre el proyecto de ley que está impulsando el Poder Ejecutivo para centralizar los recursos de la merienda y el almuerzo escolar en manos del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) para lo cual se busca modificar la Ley Nº 4758 que Crea el Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide).
Durante el foro, varios intendentes sentaron postura en contra de la intención del gobierno de centralizar los recursos, aunque reconocieron que se debe ejercer un mayor control al dinero que se le entrega a las comunas.
“En el foro de intendentes se estuvo analizando las alternativas de la posible modificación de la ley de Fonacide. Manifestaron su preocupación por el proyecto, pues quedarán sin los recursos, también indicaron que se debe hacer un profundo cambio en la conducta, en el trabajo y en la forma de entregar la merienda escolar. Indicaron que no se les puede castigar porque una decena de intendentes malversaron los recursos. Piden que se les escuche antes de modificar la ley”, dijo el diputado Hugo Meza (ANR), quien participó del evento.