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La Comisión Bicameral, que estudió los informes presentados por la Contraloría General de la República del ejercicio fiscal 2022, refirió presuntos manejos irregulares de fondos públicos que superan G. 3 billones, así como también 64 hechos punibles durante el periodo.
Una de las observaciones y sugerencias realizadas es que se mantenga vigente el acuerdo de cooperación interinstitucional y otorgue prioridad al seguimiento de las investigaciones que realiza la Fiscalía a los reportes de indicios de hechos punibles denunciados por la CGR.
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“Esta recomendación lo hacemos porque estamos hablando de G. 3,3 billones aproximadamente y si no se empuja entre todos, la posibilidad de llegar a los responsables de quienes utilizaron de manera incorrecta los fondos públicos será más complicado”, afirmó el presidente de la Bicameral, senador Dionisio Amarilla.
Más casos en estudio por la Contraloría
Indicaron que actualmente estudian dentro de la Dirección de Auditoría Forense de la Contraloría varios casos que potencialmente podrían ser derivados a la Fiscalía. Algunos corresponden al Ministerio de Agricultura y Ganadería, Ministerio de Defensa Nacional, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, Dirección Nacional de Transporte, entre otros.
Por su parte, el senador Dionisio Amarilla no descartó que, en el marco de las investigaciones realizadas por el Ministerio Público a raíz de las denuncias de hechos punibles, el expresidente de la República Mario Abdo Benítez sea convocado por las autoridades pertinentes.
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“Si quien nomina a un colaborador de su gestión, enterado del caso, ofrece indiferencia, me parece que el Ministerio Público tiene elementos suficientes para orientar la consulta a quien los nominó en su momento. No sé si Mario Abdo es directamente responsable, pero por acción u omisión parece que puede terminar siendo llamado para dar explicaciones”, sostuvo el legislador.
Contralor resaltó trabajo de la bicameral
Camilo Benítez, contralor general de la República, destacó que en su experiencia desde hace 7 años, es la primera vez que la Comisión de Cuentas y Control del Congreso verificó detenidamente el informe y dictamen de la Contraloría, y convocó a los auditores de cada uno de los informes.
Afirmó que es el Congreso el que controla a la Contraloría. Agregó que emitieron más de 4.000 informes con respecto al último periodo fiscal. Aclaró que la ley establece el periodo a tener en cuenta, motivo por el que el informe corresponde al gobierno de Mario Abdo Benítez, que estuvo hasta agosto de este año.
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“En el caso IPS, lo que más llamó la atención es que la previsional no pudo componer la deuda de US$ 160 millones, en el momento en que se le consulta a quién le debía, no podía componer contablemente esa deuda, por eso el monto es tan grande, lo cual hay que aclarar, no implica que exista un perjuicio patrimonial por ese monto, significa que contablemente ellos no podían decir que ese pasivo que tenía a quien se le debía y para el equipo auditor esa es una sospecha razonable, por lo que se sentía obligado a remitir al Ministerio Público”, indicó.
Contraloría no emite evidencia
Emiliano Rolón, fiscal general del Estado, afirmó que cuentan con una buena cantidad de casos, de los cuales algunos están en investigación preliminar, que muchas veces es densa y como no tiene tiempo fijo, depende siempre de la prescripción del caso.
“Mientras el caso no esté prescripto, el Ministerio Público tiene la obligación de investigar, entonces, algunos tienen mesa de trabajo; sé que IPS tiene una mesa de trabajo con agentes fiscales designados, que se encargan del estudio de correspondencia de los datos que brinda porque como ustedes saben, la Contraloría no emite evidencia, emite informaciones que deben ser procesadas”, precisó.
Aclaró que también depende de muchos factores llevar adelante una investigación, considerando por ejemplo la logística, el movimiento, y muchas veces pese a que salga en tapa de diarios un posible hecho punible, no concluye inmediatamente.