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En el informe publicado por la Contraloría General en octubre pasado se comprobó que varios intendentes simplemente ignoran las recomendaciones que le hacen a su gestión municipal, tras las Fiscalización Especial Inmediata (FEI) al que fueron sometidos en cuanto a la provisión de almuerzo escolar durante el 2022.
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Las medidas correctivas principalmente son para fortalecer el proceso de control de las licitaciones, en la distribución del almuerzo escolar y el control de calidad de los alimentos. En ese contexto, el municipio de Iruña (Alto Paraná) no cumplió ni una de las nueve recomendaciones realizadas por los auditores de la CGR, en tanto, la Comuna de General Delgado (Itapúa), que recibió 16 recomendaciones para mejorar la gestión municipal, solo tuvo un mejoramiento del 9%. El municipio de Itapúa Poty tuvo seis observaciones y cumplió en un 25% mientras que Bella Vista (Itapúa) tuvo nueve observaciones y solo llegó al 28% de cumplimiento.
Otros de los municipios con bajo cumplimiento es Lima (San Pedro) que de las nueve recomendaciones llegó a cumplir el 44%; Lambaré tuvo 11 observaciones y llegó a mejorar en un 45%. Al municipio de San Lorenzo los auditores realizaron 15 observaciones de los cuales se cumplió el 52%. A Vaquería le hicieron 15 observaciones de los cuales se logró ejecutar el 50%. Guarambaré tuvo tres observaciones de los cuales cumplió en un 50%.
Al municipio de Ñemby se le impuso 13 observaciones en el plan de mejoramiento municipal de lo cuales llegó a cumplir el 50%. A Villeta la CGR le dio seis recomendaciones de los cuales logró un 50% de cumplimiento y la Comuna de Jesús de Tavarangué tuvo diez recomendaciones y cumplió en un 50%.
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Alto acatamiento
Los municipios con más alto acatamiento fueron: Curuguaty que tuvo 15 observaciones y la cumplió el 100% y Yaguarón, que cumplió el 100% de las nueve observaciones. Al municipio de Obligado le entregaron 12 recomendaciones y tuvo un cumplimiento del 92% mientras que La Paz (Itapúa) recibió 16 y cumplió 78%.
La falta de sanciones y la impunidad de la que gozan los políticos fomenta el incumplimiento de las medidas de control del dinero público porque no hay castigo político ni jurídico.