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Son varios los elementos que tiene el Ministerio Público para investigar los posibles hechos punibles durante la administración de Vicente Mario Bataglia Araujo como presidente del Instituto de Previsión Social (IPS). La Contraloría General de la República (CGR), hizo una minuciosa auditoría que luego presentó al Congreso Nacional y que trajo consigo las denuncias penales.
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De acuerdo con el informe del ente de control, el saldo de deudas sin respaldo es por más de G.1 billón, pero existen otras groseras irregularidades en varios segmentos, cómo por ejemplo en el rubro de combustible, obras civiles, bienes que no se encontraron, entre otros.
A esto se le deben sumar los llamados a licitación que fueron denunciados ante la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), por presunto direccionamiento a empresas “mimadas”.
También se detectaron 9.355 bienes que figuraban en Inventario de Bienes de uso como faltantes de más G. 42.915 millones. No fueron registrados los intereses a pagar por G. 119.891 millones obtenidos por el IPS.
La Contraloría también habla de la falta de gestión para la reparación o baja de bienes por G. 2.000 millones.
Todo esto se da mientras los asegurados, aportantes padecen la falta de medicamentos, mala atención, falta de profesionales de salud en la mayoría de los hospitales de la previsional a nivel país pero principalmente en el Hospital Central.
Recordemos que en lugar de preocuparse y ocuparse de la situación de la institución que el presidía, Vicente Bataglia se preocupaba muchos más por “custodiar las urnas” en las últimas elecciones generales a favor del Partido Colorado, movimiento al que prometió el voto de todos los funcionarios del IPS durante uno de los últimos actos políticos del ahora presidente de la República Santiago Peña.
“Una vergüenza”
La diputada del Partido Patria Querida (PPQ), Rocío Vallejos señaló tras el informe de la CGR que “lo del IPS es una vergüenza, no se puede seguir apañando la mala administración”.
Entre diciembre del año pasado y febrero de este año, durante la administración de Bataglia, también se aprobaron préstamos por G. 625.000 millones, que estaban supuestamente dirigidos a cubrir una deuda con las empresas farmacéuticas.
Estos préstamos se aprobaron luego de que en noviembre del año pasado el Poder Ejecutivo promulgara la ley del Programa de Enfermedad y Maternidad. La legislación, que fue presentada por el parlamentario Arnaldo Samaniego, permite el endeudamiento del IPS a fin de cumplir con el compromiso asumido con las empresas proveedoras de insumos y medicamentos.
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En su momento, la Contraloría exigió al IPS la entrega de los documentos sobre la falta de pago a proveedores, la construcción del Hospital Hemato-oncológico, el pago por maternidad, la nómina de funcionarios que ocuparon y ocupan cargos directivos en procesos que tengan que ver con esas compras. Las propias autoridades de la previsional habrían señalado que necesitaban un plazo de tres meses y que era imposible cumplir con el requerimiento.
Varias licitaciones cuestionadas en el IPS
El anterior Consejo de Administración del IPS, encabezado por Vicente Bataglia y los demás miembros entre ellos: Roberto Brítez Ferreira, representante de Jubilados y Pensionados, Miguel Ángel Doldán Martínez, en representación de los Empleadores, Gustavo Arias, representante de los trabajadores aportantes, Ricardo Oviedo, representante del Ministerio de Salud y Ludia Claudina Silvera López, en representación del Ministerio de Trabajo, fueron los que autorizaron varios llamados a licitación que fueron muy cuestionados.
Muchos de estos llamados fueron denununciados, postergados para realizar modificaciones en el Pliego de Bases y Condiciones (PBC) y algunos fueron dados de baja.
Una de estas licitaciones tiene que ver con el servicio de lavado y planchado de ropas hospitalarias para todos sus establecimientos, por G. 485.885 millones, unos US$ 67 millones, por 10 años. El agravante es que prosiguió con el trámite a pesar de que ya fue notificada del amparo promovido por un sindicato y jubilados de la institución.
Otro proceso que fue muy cuestionado tiene que ver con la compra de sábanas y frazadas por G. 17.545 millones, casi US$ 2,4 millones para el IPS. Este proceso está suspendido por la DNCP, por presunto direccionamiento.
La entidad previsional también adjudicó con un contrato por G. 8.197 millones a la empresa Wels SA, manejada por Manuel Peña Palacios y Gonzalo Peña Ocampos, hermano e hijo del presidente electo Santiago Peña, respectivamente. El millonario acuerdo es por la recolección, transporte, tratamiento y disposición final de residuos patológicos de 13 establecimientos de IPS.
La DNCP ordenó a la previsional la modificación del PBC para la tercerización del servicio de limpieza en sus hospitales, por más de G. 53.000 millones unos US$ 7,4 millones. Saltaron indicios de presunto direccionamiento para favorecer a la empresa mimada Cevima, representada por Claudio Escobar Brizuela.
Durante la era de Vicente Bataglia, también se autorizó el llamado a licitación por G. 3.321 para la compra de electrodomésticos entre ellos, 168 hornos microondas, 87 freezers verticales, 237 heladeras, 68 cocinas a gas, 47 visicoolers, 400 cafeteras con filtro, 96 televisores smart de 55 pulgadas, 47 speaker con micrófono y otros 234 televisores de 32 a 48 pulgadas.
También se adjudicó el año pasado el servicio de seguridad privada a las empresas Grupo Sevipar S.A representada por Alfonso Mauricio Jacobo Balbuena por un valor de G. 13.080 millones, Organización Watchman S.R.L. representada por Víctor Martín Pantaleón Cabral Achucarro, por G. 13.152 millones, Prevención S.R.L. representada por Francisca de Benítez por un valor de G. 12.987 millones, y Tapiti S.R.L. representada por Vidal Machado Orihuela y Mauricio Vidal Machado Ávido por G. 13.135 millones. Este contrato ya no está vigente ahora.