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Mediante el decreto 337 de la Presidencia de la República, se designó como nuevo miembro del Consejo de Administración del IPS en representación de los trabajadores asegurados a Victor Eduardo Insfrán Dietrich, en reemplazo de Gustavo Arias.
El cambio del consejero representante de los trabajadores asegurados, se dio luego de una caldeada sesión del Consejo de Administración, en la que Gustavo Arias apuró la auditoría interna que fue solicitada sobre las irregularidades detectadas y denunciadas por la Contraloría General de la República (CGR).
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“Atacan mucho a la administración anterior, pero yo estoy abierto y estamos pidiendo hace mucho tiempo que se haga está auditoria y que se deslinde responsabilidades”, sostuvo Arias.
Arias y Brítez se levantaron la voz
El consejero, quien levantó la voz durante su intervención, dijo que las personas que hicieron mal su trabajo deben hacerse responsables. “Si nosotros cometimos alguna equivocación, vamos a asumir eso ante la justicia”, aseguró.
Jorge Brítez, también respondió levantando la voz y aseguró que el equipo de auditores del IPS está trabajando.
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“Hay barbaridades que no se pueden solucionar. Nosotros en 15 días no podemos resolver lo que ellos (la CGR) tardaron (en resolver) en un año. Voy a defenderle a mi auditoría interna porque ellos están trabajando”, aseveró Brítez.
¿Quién es Victor Insfrán Dietrich?
Víctor Eduardo Insfrán Dietrich, es técnico superior en Laboratorio Clínico y expresidente de la Caja de Jubilación Bancaria. Ingresó a IPS de la mano de Gustavo Arias en el 2019, según publicaciones de nuestro diario.
Cómo expresidente de la Caja de Jubilación Bancaria, fue investigado en un proceso por lesión de confianza, del que fue absuelto por prescripción de la causa en el 2010, ya que se habían cumplido el doble del plazo (10 años), desde el inicio de la causa el 9 de junio de 1999.
Procesado por US$ 5 millones
Uno de los principales puntos cuestionados a los exdirectivos de la Caja es la adquisición del paquete accionario mayoritario del Busaiff, transacción, materializada sin la previsión presupuestaria correspondiente y sin considerar las recomendaciones formuladas por el Banco Central del Paraguay al respecto, costó US$ 5 millones a la entidad.
La fiscalía alegó que la compra del Busaiff se concretó el 27 de junio de 1997, pero la ampliación presupuestaria correspondiente fue obtenida recién cuatro meses después, con lo que se le asignó un total de G. 3.000 millones, menos de la mitad de lo pagado por la entidad bancaria, que alcanzó los G. 10.800.000.000.