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Mediante moción de preferencia del diputado Jorge Ávalos Mariño (PLRA, A), aprobada por el pleno de la Cámara de Diputados, se acordó que en la sesión ordinaria de este miércoles 23 debe incluirse en el orden del día el proyecto de ley “que modifica el artículo 30 de la Ley N° 879/1981 - Código de Organización Judicial; y regula el Tribunal de Cuentas”, que sufrió modificaciones en el Senado, que evitarían auditar cuestionadas administraciones previas como la de Antonio Fretes en la Corte o Sandra Quiñónez en la Fiscalía General del Estado.
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“En la Comisión de Legislación por lo menos -por unanimidad- hemos dictaminado ratificarse en la versión Diputados, es decir, primero que se prohiba al Tribunal de Cuentas recibir cualquier documentación que tenga que ver con las rendiciones de cuentas de las instituciones y segundo, que todo lo pendiente en el tribunal, pueda ser remitido a la Contraloría para que pueda ser objeto de control”, indicó el diputado Ávalos Mariño.
El mismo recordó que Diputados (cámara de origen), aprobó el proyecto en los términos en los que había planteado la Contraloría, sin embargo. en el segundo trámite en Senado, cambiaron la parte relacionada a casos previos, y establecieron “que todo lo que está ahí (tribunal), queda ahí y que entraría a regir a partir de la promulgación de la ley y la promulgación”.
El presidente de la Comisión de Legislación destacó que muchos administradores de fondos públicos usaron los Tribunales de Cuentas para “buscar impunidad”.
“Muchas instituciones, por iniciativa propia y para evitar el control de Contraloría, remiten el Tribunal de Cuentas, le piden que juzgue sus cuentas y ahí las documentaciones ‘duermen el sueño de los justos’ como se dice, porque ya nadie puede acceder”, apuntó sobre este “modus operandi”.
Apuntó además que el Tribunal de Cuentas posee apenas 6 funcionarios y la Contraloría con 1.200, apenas puede controlar el 30% de todo el presupuesto.
“En resumen, es para de alguna manera generar impunidad, porque ya nadie puede acceder a esas documentaciones y se queda sin posibilidad de ser objeto de control”, sentenció.
Entre los centenares de casos de “puenteo” a Contraloría destacan el del exminsitro de Corte, Antonio Fretes, sospechado de enriquecimiento ilícito; o el exfiscal general, Javier Díaz Verón, que aguarda juicio por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. También, Sandra Quiñónez en la Fiscalía y Jaime Bestard al frente de la Justicia Electoral.
Senado tendría la última palabra
Para la ratificación de la versión Diputados se requiere mayoría absoluta, es decir, 41 votos de un total de 80 diputados (quorum mínimo), sin importar el número de presentes.
En el caso de lograrlo, el proyecto vuelve al Senado para su último trámite. Al haber sido modificado el proyecto y no rechazado, también requieren simplemente mayoría absoluta, en este caso 23 votos.
El contralor Camilo Benítez había acudido a inicios de mes a la convocatoria de la comisión de Legislación, y remarcó que si bien abogan por la ratificación de la versión Diputados, de cara al “futuro”, ambas versiones cumplen con el objetivo de permitir que la Contraloría cumpla con su rol constitucional.