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El contralor Camilo Benítez concurrió la semana pasada ante una convocatoria de la Comisión de Legislación y Codificación de Cámara de Diputados para dar su parecer sobre el proyecto de ley “que modifica el artículo 30 de la Ley N° 879/1981 - Código de Organización Judicial; y regula el Tribunal de Cuentas”. Tras sufrir modificaciones en el Senado, la inicativa se encuentra en estudio en la Cámara Baja.
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En la sesión del miércoles pasado, el titular de la Comisión de Legislación, Jorge Ávalos Mariño (PLRA, A), solicitó mediante moción de preferencia incluir el proyecto de ley en el orden del día de la próxima sesión ordinaria, que sería recién para el miércoles 23 de agosto. Por ese motivo, no se incluyó para su tratamiento en la sesión extra mañana lunes 14, a las 15:00.
Esta iniciativa busca evitar que mediante acciones de inconstitucionalidad, organismos estatales sigan evitando rendir cuentas de gasto de dinero público ante la Contraloría General de la República (órganos con facultad constitucionales) y presenten los documentos ante Tribunales de Cuentas, donde por lo general, buscan controles más flexibles o directamente “blanqueo”.
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Los Tribunales de Cuentas no tienen ni la potestad ni la capacidad operativa para poder controlar el correcto uso de fondos públicos y por ello, administraciones que precisamente no buscan las transparencia, sino solo simular legalidad, acuden a ellos. “Esto es un caos realmente en toda la República. La propia Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía General del Estado, la Justicia Electoral, casi todos los municipios y gobernaciones accionaron, así que ante ello nos vimos en la obligación de plantear esto”, explicó el contralor, destacando que es grave “que se limite a un órgano constitucional a hacer su trabajo.
Pequeña pero sustancial
Si bien el contralor Benítez dijo que mirando a futuro, ambas versiones (Diputados y la del Senado) resuelven el conflicto “a futuro”, la de la Cámara Alta impediría revisar casos previos. Entre ellos por ejemplo la gestión de la exfiscal general del Estado, Sandra Quiñónez.
“Realmente, cualquiera de ambas versiones nos favorecen, porque en el fondo dicen lo mismo”, sin embargo, respecto a la “documentación que está ahora mismo en el Tribunal de Cuentas, creo que una de las versiones obliga a que se remita a la Contraloría y la otra no. O sea tiene que ver no tanto con miras al futuro, sino con el pasado”.
Ambos proyectos de ley son idénticos, salvo en el artículo 3º, donde el Senado estableció que “el Tribunal de Cuentas con funciones contencioso-administrativos no podrá recibir expedientes ni documentos que guarden relación con cuentas de Organismos y Entidades del Estado a partir de la promulgación de la presente ley”.
Actualmente, por ejemplo, el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, fue el primero en desistir de la acción de inconstitucionalidad y abrir las puertas a la Contraloría, algo a lo que se opusieron tenazmente sus antecesores Sandra Quiñónez, Javier Díaz Verón y Rubén Candia Amarilla.
Benítez apuntó finalmente que defienden la versión de Diputados por ser su propuesta original, y por ende esperan que sea esa la que se ratifique, “tampoco la otra propuesta es el fin del mundo”.
Para ratificarse en su versión, la Cámara Baja requiere de mayoría absoluta (41 votos de un total de 80 diputados).
