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Según el documento de la Contraloría, fueron descubiertos indicios de hechos punibles en el uso del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide) en el periodo 2021 en estas municipalidades: Villa Franca, Moisés Bertoni, Coronel Martínez, Cerrito, Yby Yaú, Independencia, Mauricio José Troche, Tebicuarymí, Antequera, Tacuatí, Yhú, Lima, Ybyrarovana, Bella Vista Norte, Juan E. O’Leary y San Alberto.
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En tanto, hallaron señales de hecho punible durante la gestión del año 2022 en los municipios de Tacuaras, Guazucuá, Nueva Londres, Eugenio A. Garay, Higinio Morínigo, Paso de Patria, Buena Vista, Dr. Bottrell, San Salvador, Ñumí, San Carlos del Apa y Ñacunday.
Asimismo, detectaron indicios de hechos punibles en el uso del Fonacide en los periodos 2021 y 2022 en los municipios de Natalicio Talavera, Liberación, José Fassardi, Coronel Maciel, Nueva Germania, Azotey, Isla Umbú, Guayaybí, Desmochado, San Juan Bautista del Ñeembucú, Iturbe, Mayor Martínez, General Díaz, Mbocayaty del Guairá, Abaí, Borja, Tebicuary, Tavaí, Villalbín, Humaitá, Laureles, Alberdi, San Patricio, Villa Oliva, Belén y Quyquyhó.
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Según el informe de la Contraloría del 23 de julio, el monto total del Fonacide administrado por estas municipalidades fue de G. 19.250 millones principalmente para el almuerzo y la merienda escolar.
El informe refiere que los jefes municipales no comunicaron esos concursos a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).