Contraloría reglamenta ley anti “puertas giratorias”

La Contraloría General de la República (CGR) emitió ayer la reglamentación de la ley contra conflictos de interés en la Función Pública, también conocida como anti “puertas giratorias”, casos que hay por doquier en las designaciones de Santiago Peña.

Fachada de la Contraloría General de la República.
La Contraloría reglamentó ayer la ley contra conflicto de intereses, también conocida como anti "puertas giratorias".Archivo, ABC Color

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La Contraloría General de la República emitió ayer una reglamentación que consta de 48 artículos sobre la Ley 7089 “que establece el régimen de prevención, corrección y sanción de conflictos de interés en la Función Pública” y que, si bien no impedirá que asuman al frente de entes estatales claves las “puertas giratorias” de Santiago Peña y Horacio Cartes, sí establece algunas limitaciones y obligaciones.

Puertas giratorias” es como se define a los casos de altos funcionarios estatales que previamente ocuparon cargos gerenciales en empresas privadas del mismo rubro, y viceversa, que en esta situación pueden favorecer intereses particulares o beneficiarse con información privilegiada.

En tal sentido, el primer punto relevante a partir de la reglamentación de la ley es que se establece un plazo de 15 días a partir de la asunción al cargo para la presentación de una Declaración Jurada de Intereses, una nueva figura que se suma a la Declaración Jurada de Bienes, donde en este caso deben consignar si poseen participación en empresas privadas (acciones), ya sea a través de sí o familiares directos.

En caso de declarar datos falsos, además de una multa y la remisión de los antecedentes al Ministerio Público (por eventual delito de declaración falsa), se establece la posibilidad de inhabilitación para ejercer cargos públicos por hasta cinco años.

Puertas giratorias: se establece obligatoriedad de inhibirse

A partir de estos datos, se establece la obligación de inhibirse en la toma de decisiones en el Estado, donde pueda haber un conflicto de interés. En este caso no solo afecta a funcionarios del Poder Ejecutivo, sino también Legislativo y Judicial.

La Ley 7089, en su artículo 36, establece entre las sanciones que la violación de la norma puede ser considerada “mal desempeño en sus funciones”, y por ende, causal de destitución vía juicio político en caso del presidente, vicepresidente, ministros de Corte y del TSJE, entre otros.

Igualmente, en el caso de diputados y senadores, pueden ser sometidos a pérdida de investidura, a ser determinada por sus respectivas cámaras.

Entre los casos más alevosos de “puertas giratorias” se pueden citar el de Carlos Fernández Valdovinos. Fue director del Banco Central del Paraguay de Horacio Cartes (2013-2018), luego miembro del directorio de Banco Basa del grupo Cartes y será ministro de Economía de Santiago Peña.

Otro es Eddie Jara, que retornará en el gobierno de Peña a Petropar, cargo que ya ocupó en el gobierno de Cartes. En medio, presidió Enex, la red de estaciones de servicio que era de Cartes.

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