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El trabajo realizado por la Contraloría General de la República (CGR) sobre los estados financieros del Instituto de Previsión Social (IPS), poniendo el foco en los préstamos bancarios, revela datos sorprendentes.
Por ejemplo, entre las observaciones, se menciona que el IPS pagó, en el marco de la Ley 7037/22 de financiamiento del programa de enfermedad y maternidad, a los proveedores de bienes y servicios gracias a préstamos bancarios por valor de G. 425.000 millones, en el periodo 2022.
Estos préstamos bancarios (obtenidos de cinco entidades) se hicieron sin tener los dictámenes del área jurídica del IPS, que debe figurar previo a la firma de cada uno de los contratos, según Contraloría.
Esta colosal suma de dinero obtenida como préstamo, tiene el aval de los contratos y pagarés firmados solamente por el presidente del Consejo de Administración, Vicente Bataglia.
El informe de Contraloría señala que el manual de organización y función de la dirección jurídica explica que este órgano tendrá que emitir parecer jurídico sobre todo acto que tenga que ver con derechos del instituto, así como también examinar los convenios y/o contratos.
El documento de la CGR señala que el dictamen jurídico es necesario para determinar la viabilidad de los contratos firmados por la previsional. En este caso, con más razón, por los millonarios montos en juego.
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IPS, sin plan
“No se evidenció la existencia de un plan de acción específico aprobado por el Consejo de Administración que tenga como objetivo equilibrar la situación financiera del fondo de Enfermedad y Maternidad de IPS al 31/12/22″ dice textualmente el documento, en una de sus observaciones.
En este aspecto, el informe dice que un plan de acción requiere de elementos mínimos como objetivos específicos, generales, indicadores de gestión, recursos y cronogramas, situación que no se encontró con el IPS.
Incluso, el ente Contralor menciona la “delicada situación financiera” por la que atraviesa el fondo de Enfermedad y Maternidad del IPS.
El Consejo Administrativo está integrado por Ludia Claudelina Silvera López, representante del Ministerio de Trabajo; Ricardo Vicente Oviedo, por el Ministerio de Salud; Gustavo Ramón Arias, representante obrero; Miguel Doldán, por los empleadores y Roberto Brítez Ferreira por los jubilados.
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Compras sin control en la Previsional
Entre junio del 2022 y el mismo mes de 2023, el IPS desembolsó G. 40.580 millones utilizando el rubro 845 del sistema presupuestario, un segmento que escapa al control que puede hacer la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP). Con este dinero se compraron alimentos, se pagaron alquileres, servicio médico, publicidad, limpieza y otros
Deuda asciende a US$ 210 millones
Desde noviembre de 2022, el Consejo de Administración, presidido por Vicente Bataglia, aprobó, mediante la ley 7037/22, varias líneas de créditos multimillonarios para hacer frente a las deudas que tiene el ente con sus proveedores. A pesar de esto, la previsional acumula una colosal deuda con sus proveedores que llega a los US$ 210 millones.
Luis Ávila, secretario general de la Cámara de la Industria Química Farmacéutica (CIFARMA), había confirmado recientemente a Abc Color, que el consumo mensual que tiene IPS llega a los G. 200.000 millones.
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Esta cifra tiene que ver con los insumos, medicamentos y otros servicios sanitarios que brinda el IPS a sus asegurados.
Sin embargo, el pago que hace la institución en forma mensual para sus proveedores llega a los G. 60.000 millones, por lo que existe un remanente muy importante, de unos G. 140.000 millones al mes, que no se paga.
Según datos del IPS, hasta ahora, los préstamos que ha realizado la Previsional solamente para hacer frente a las deudas con proveedores llega a los G. 1 billón.
Accionarán judicialmente contra autoridades del IPS
Desde la Unión Nacional de Jubilados del Paraguay anunciaron que, ante la cantidad de irregularidades detectadas por la auditoría de la CGR, accionarán penalmente contra las autoridades del IPS.
Pedro Halley, exgerente de Prestaciones Económicas de la previsional y uno de los representantes de esta nucleación, dijo que desde la Unión de Jubilados, habían advertido las irregularidades, pero que nadie les hizo caso.
Dijo que el hecho de poner los bienes patrimoniales del Ente como garantía para obtener los préstamos bancarios representa una irregularidad gravísima.
Para Halley, no hay duda de que, a través de estas maniobras, las autoridades del IPS podrían haber incurrido en un delito penal, teniendo en cuenta lo que establece la ley de la previsional en cuanto al manejo financiero que se debe tener en la institución.