Exsíndico y jueza movieron G. 1.325 millones por encima de sus ingresos

El exsíndico de Quiebras Blas Velázquez y su esposa la jueza Clara Isasi, gastaron entre 2014 y 2021 alrededor de G. 1.325 millones por encima de sus ingresos declarados ante Tributación. La pareja que aparece como protegida por el Clan Fretes -cuyo referente es el exministro de la Corte, Antonio Fretes- declaró cifras millonarias como gastos, mientras que sus diferentes remuneraciones eran mucho menores. Ambos también ocultaron al menos cuatro vehículos en sus DD.JJ.

La casa de Blas Velázquez Fernández, síndico de quiebras, en el centro del casco urbano de Quiindy.
La casa de Blas Velázquez Fernández, exsíndico de quiebras, en el centro del casco urbano de Quiindy.Arcenio Acuña Rojas

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El exsindico de Quiebras Blas Manuel Velázquez y su esposa, la jueza, Clara Raquel Isasi Gómez, gastaron más que sus propios ingresos declarados ante la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET). Así al menos evidencia el análisis de correspondencia realizado por la Contraloría General de la República (CGR) sobre los bienes, activos y pasivos de la pareja, considerada como parte de una supuesta rosca protegida por el exministro de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Antonio Fretes, y dedicada presuntamente al despojo de tierras.

Hasta hoy la Contraloría aguarda el descargo del exministro de la Corte Antonio Fretes sobre sus millonarios bienes.
Antonio Fretes, exministro de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Los registros a los que accedió el ente de control detallan que el exsíndico y la todavía magistrada declararon ante Tributación que entre 2014 y 2021 sus ingresos provenientes de la Función Pública como también alcanzados por el Impuesto al Valor Agregado (IVA) fueron por más de G. 3.200 millones. Sin embargo, los egresos declarados por el matrimonio en ese lapso superaron G. 4.525 millones, es decir, gastaron por encima de sus ingresos brutos alrededor de G. 1.325 millones, por lo que existen serias inconsistencias, según la documentación.

El exsíndico de Quiebras tenía como último salario unos G. 23 millones mensuales, mientras que la jueza Isasi tiene una remuneración mensual de G. 25 millones (G. 24.229.496 como magistrada y G. 1.649.455 como docente universitaria).

La que más gastó

La documentación detalla que la jueza Clara Raquel Isasi es la que reportó más gastos entre los años 2014 y 2020. En su declaración del Impuesto a la Renta Personal (IRP) informó que tuvo ingresos por G. 1.669 millones, mientras que sus egresos fueron de G. 1.694 millones, arrojando un resultado negativo de G. 24.655.966.

Con relación a sus ingresos alcanzados por el IVA, la magistrada informó que en ese tiempo facturó por un poco más de G. 69 millones, mientras que sus gastos fueron de G. 1.003 millones, arrojando un saldo negativo de G. 933 millones, según los documentos.

Una cuestión llamativa que también revela la Contraloría en su informe es que algunos años la jueza Isasi Gómez declaró ante Tributación cifras mayores a sus ingresos provenientes de la Función Pública y alcanzados por el IVA, mientras que en otros años reportó menos.

Cero ingresos

El exsíndico Blas Velázquez, por su parte, hizo constar en sus formularios de IRP presentados ante la SET que entre 2016 y 2021 tuvo ingresos por más de G. 1.461 millones, mientras que sus egresos fueron de G. 1.049 millones. En tanto que con relación al IVA reportó que sus remuneraciones en ese tiempo fueron de CERO guaraníes, pero, sí tuvo gastos alcanzados por ese impuesto superando G. 779 millones, es decir, toda esa cifra era negativa.

Blas Velázquez Fernández, síndico de quiebras ligado a varios casos de presuntos despojos denunciados.
Blas Velázquez Fernández, exsíndico de quiebras ligado a varios casos de presuntos despojos denunciados.

Velázquez registra un punto que también llama la atención del ente de control y es que en todas sus declaraciones impositivas reportó ingresos superiores a los provenientes de la Función Pública.

Tanto el exsíndico como la jueza Isasi habían sido denunciados en reiteradas ocasiones por ser parte de una supuesta rosca protegida por el exministro Fretes y dedicada presuntamente al despojo de bienes e inmuebles, en su mayoría que estaban bajo el dominio de la Sindicatura General de Quiebras, por muchos años feudo del otrora mandamás del Poder Judicial.

Entre los casos más emblemáticos están el presunto despojo de valiosas tierras ubicadas en la zona de Ciervo Cuá, San Bernardino, y un predio en el distrito de Pasó Yobái, Dpto. de Guairá, donde se localiza una codiciada “mina de oro”. En este último hecho saltó el nombre de la abogada Ana Mora de Ramírez, quien mediante dudosas maniobras judiciales pretende quedarse con la propiedad.

Mora de Ramírez enfrenta varios procesos en la Fiscalía, pero, hace años logra evadirlos.

Ocultaron unos cinco vehículos

El informe parcial también señala que el exsíndico de Quiebras y la jueza Isasi no declararon al menos cinco vehículos. Velázquez figura con dos rodados: un automóvil Mercedes Benz y una camioneta Amarok 2013. En tanto que la magistrada con tres: una camioneta Hyundai Santa Fé, una camioneta Mercedes Benz y un automóvil Mercedes Benz. La pareja igualmente en algunos años tuvo un incremento patrimonial no sustentable de G. 400 millones en formal global.

Conformaron una fundación en Quiindy

El exministro de la Corte, Antonio Fretes, no solo sería el protector y compueblano del exsíndico de Quiebras, Blas Velázquez Fernández y su esposa, la jueza Clara Isasi, sino que también años atrás conformaron una fundación. Se trata de la denominada “Quiindy-Flor del Lago Ypoa”.

Tanto Fretes, como Velázquez Fernández e Isasi Gómez figuran en la escritura de constitución del 1 de julio de 2002 realizada por la escribana Ligia Blanca Rodríguez de Benítez.

Clara Isasi Gómez, jueza que aparece con egresos millonarios que no condicen con sus diferentes  remuneracione
Clara Isasi Gómez, jueza que aparece con egresos millonarios que no condicen con sus diferentes remuneracione

En ese entonces, Fretes ya era miembro del Poder Judicial. Este ingresó a la Corte Suprema el 25 de noviembre de 2001 y permaneció hasta el 10 de marzo último, es decir, 21 años y 4 meses.

Entre los objetivos de la organización estaban “el desarrollo de actividades deportivas, culturales, sociales, educativas, turísticas, ambientales y la canalización y prestación de servicios comunitarios”. El capital fundacional era de apenas G. 100.000.

Los documentos revelan además que la fundación tenía potestad para adquirir bienes y hasta recibir fondos estatales y privados.

Sin presentar DD.JJ.

A pesar de que transcurrieron más de 4 meses de la salida de Antonio Fretes hasta la fecha no presentó su declaración jurada por dejar el cargo. El informe parcial evidenció que el exmiembro del Poder Judicial como también su hijo Asdrúbal Fretes y su nuera, Adriana Florentín (actual relatora), tuvieron colosales movimientos de dinero sin reportar a la Contraloría.

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